No todo puede ser inmediato. Uno de los problemas de nuestro tiempo es que la inmediatez exige fijar una postura con apremio. Aquel que no lo haga, será acusado de equidistante. Pero, a veces, la complejidad de un conflicto requiere tiempo, paciencia y digestión. A veces no es bueno apurarse en los análisis. Sobre todo cuando el objeto a analizar presenta demasiadas contradicciones. Como bien lo dijo Fitzgerald (espero no estar repitiéndome) una inteligencia de primer orden implica la habilidad de sostener ideas opuestas al mismo tiempo y aun así mantener la habilidad de funcionar.
Una vez concluida el trajín del proceso de elección del judicial y sopesar argumentos a favor y en contra. Me dispongo a realizar una síntesis de los argumentos a favor y en contra del proceso.
En primer lugar, se dijo que la elección nacía viciada por la “ideologización” del proceso. Es una falacia rotunda afirmar que el derecho, y por ende el poder judicial no tiene ideología. Afirmar lo anterior es negar la naturaleza política del derecho; el derecho siempre es subsumido por la política. Una ley no es más que la cristalización de una correlación de fuerzas en disputa.
Lo que ayer fue un privilegio, hoy puede ser un derecho; lo que ayer fue considerado justo según la ley, hoy nos puede resultar injusto. Es por eso que quien diga que los jueces no tienen ideología miente como respira o peca de ingenuo.
En México y en casi todos los sistemas políticos del mundo, el poder judicial ha sido el último reducto del conservadurismo para hacer valer sus intereses. Ejemplos sobran: el caso Lavajato que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo en Perú.
Las derechas de todo el mundo utilizan el lawfare o guerra judicial para obtener aquello que no pudieron ganar en las elecciones. En siglo XXI, bajo la coartada de la separación de poderes y la independencia judicial se desestabilizan gobiernos y se dan golpes de estado.
En México, la reforma del poder judicial representa una oportunidad de la izquierda de disputar un espacio de poder reservado para el conservadurismo, para una élite rapaz que hizo de la ley una cortapisa para conservar sus privilegios. La elección del pasado primero de junio significa una sacudida total del tablero y la posibilidad de terminar con décadas de exclusión y elitismo en aras de un país más justo para todos.
¿Que ese proceso puede terminar mal ? Es posible. ¿Que algún indeseable puede llegar a la boleta? ¿Que las peores prácticas partidistas pueden ensuciar el proceso? Por supuesto. Esos son los riesgos de una democracia, siempre es conflictiva por la naturaleza misma del ser humano. ¿Que la reforma no resuelve todos los problemas de nuestro sistema judicial? También. ¿Que la gente no está lista para tomar semejante decisión? Si no es ahora, ¿entonces cuándo? ¿Entonces quién? Más allá de las áreas de oportunidad del proceso, no se puede seguir subestimando la capacidad de discernimiento de la gente en nombre de una razón ilustrada reservada para unos cuantos.
Al final de cuentas, trece millones de votos son pocos según el padrón electoral, pero tienen mucho más legitimidad que la voluntad exclusiva de un presidente o presidenta.
¿Las formas son mejorables? Totalmente. Pero hacer política implica cabalgar contradicciones; el arte de lo posible. ¿Para qué sirven las utopías? Para caminar…
