Unas semanas atrás, en Yucatán resurgió un debate ya conocido por la población, sobre todo por los sectores de trabajadoras y trabajadores, pues sobre ellas y ellos recae el peso económico de la sociedad, ya que es el trabajo de mujeres y hombres lo que genera la riqueza que debería ser administrada por los gobiernos a favor de la sociedad, y que para el caso particular del municipio de Mérida es, desde hace mucho, usada para el enriquecimiento de un pequeño grupo compuesto por políticos, empresarios y sus familias, que monopolizando las actividades económicas y los servicios se han hecho de fortunas, y como ejemplo véase el proceso legal que pesa sobre el exalcalde Renán Barrera, quien despojó de miles de pesos a comisarias meridanas.
El debate mencionado refiere a la raíz de los recursos que el gobierno adquiere y debiera implementar para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, siendo que los impuestos como el predial han sido usados por los gobiernos panistas de Mérida como una fuente de enriquecimiento, y esto se comprueba con las cantidades recaudadas en años anteriores con el cobro del predial y otros impuestos, y la permanencia de necesidades muy visibles en la ciudad, como son la falta de bacheo adecuado; la falta de un buen alumbrado público, particularmente en calles aledañas al primer cuadro de la ciudad donde muchos paraderos del transporte público están ubicados en calles oscuras, desprotegidas y que en temporadas de lluvia presentan inundaciones, siendo esos paraderos los que registran mayor número de usuarios; falta de infraestructura de recreación (parques, campos deportivos, etc.); falta de un buen servicio de recolección de basura, así como de una adecuada reestructuración de la circulación vehicular que hoy tiene a la capital yucateca en una espiral decadente, estas entre otras necesidades hablando únicamente del rubro de los servicios administrados por el Ayuntamiento.
La reciente negación de los representantes de Morena en el Congreso local a aceptar un incremento al cobro de impuesto predial para Mérida, desató una serie de ataques por parte del panismo yucateco que, queriendo manipular, comenzó con una campaña nada fructífera en la que pretendió culpar ante la sociedad al partido guinda de dejar sin recursos a la ciudad, lo que sólo es un descaro inmoral del blanquiazul y más en una ciudad como Mérida, que en los últimos años bajo gobiernos panistas –como el que hoy encabeza Cecilia Patrón Labiada- ha ocupado los primeros lugares entre las entidades más caras del país, y que enfrenta ahora un proceso de gentrificación desmedido que ya ha llevado al encarecimiento de los costos en zonas del centro y norte, además de generar el despojo a los pobladores originarios de sus espacios públicos y de convivencia tradicional. Y esto último no es nuevo, pueden leerse artículos anteriores donde hemos señalado años atrás el inicio de un proceso de despojo que conduce a la exclusión e incremento de la discriminación y segmentación social, lo que ya es innegable en los primeros cuadros del centro de la ciudad. Pero ojo, no se trata de oponerse a la gentrificación como una forma de xenofobia, al contrario, se trata acá de un reclamo producto de un proceso premeditado de despojo contra el pueblo, pues no es únicamente el caminar en las calles, sino la imposibilidad de acceder a servicios y a productos elementales para la vida por el encarecimiento que acontece en la entidad.
El malestar mostrado por el panismo yucateco es sintomático a la pérdida de fuerza política que enfrenta el partido blanquiazul en Yucatán, y esta no será la primera rabieta que veremos, pues su debilitamiento es ya un proceso con causales muy marcadas y que no será revertido, al menos de forma sencilla. La sociedad meridana, los sectores de trabajadoras y trabajadores, saben que el panismo ha defendido a una cúpula económica y despreciado a la población mayoritaria, y que el encarecimiento de la vida, la gentrificación, la mala planificación en los servicios como en la infraestructura de la ciudad, son el resultado de gobiernos antipopulares, y del descarado enriquecimiento de políticos y empresarios blanquiazules frente a la carestía de la mayoría de la población que en las colonias populares y comisarias enfrenta duras condiciones de vida.
El 2025 será un año importante en la disputa por el poder político y económico de la entidad, la correlación de fuerzas mostrará cómo se irá inclinando la balanza, y toca a la ciudadanía, a los sectores de trabajadoras y trabajadores, concientizarnos y defender nuestros derechos y nuestra economía ya golpeada ante tanto privilegio blanquiazul.
