La Economía Feminista ha sido clave para mostrar algo que durante mucho tiempo pasó desapercibido: que las tareas de cuidado son fundamentales para que funcione cualquier economía. Aunque suelen quedar fuera de los indicadores económicos tradicionales, estas actividades sostienen la vida y permiten que otras personas trabajen y produzcan.
Desde hace al menos cincuenta años, este enfoque no solo ha crecido en la academia, sino que también ha llegado a organismos internacionales, donde se ha empezado a incluir el tema de los cuidados en planes, acuerdos y lineamientos orientadores de política pública.
En ese camino, ha tomado fuerza la idea del tiempo como una categoría política: ¿cómo usamos el tiempo?, ¿quién cuida?, ¿cuánto tiempo le dedica al cuidado?, ¿a qué renuncia cuando lo hace?, ¿a quién y a quiénes beneficia? En contextos del capitalismo tardío, ¿quién dedica más tiempo a la producción?, ¿quién tiene derecho a descansar? Parecería que reflexionar sobre el tiempo es una cuestión individual. Pero no lo es.
El tiempo ha sido un concepto subyacente en la teoría política marxista y postmarxista. Para Karl Marx, es un elemento inherente que encierra el proceso de producción del trabajador, que es: el tiempo de trabajo necesario para producir los medios de subsistencia del trabajador y su familia, y que es, por lo tanto, lo que determina el valor de la fuerza de trabajo.
La fuerza de trabajo es encarnada por el obrero; en el caso del trabajo reproductivo, por las mujeres. Esta organización social permite a los hombres, al estado y a los capitalistas disponer del tiempo suficiente para acumular. Desde esa perspectiva, el tiempo se convierte en una herramienta clave para debatir sobre los cuidados, ya que visibiliza cómo se reparten (o no) esas tareas entre géneros, clases sociales, contextos territoriales y en qué cuerpos racializados recae el mayor peso en la cadena global de cuidados. De hecho, muchas de las discusiones actuales sobre el valor del cuidado en la economía pública parten de estas reflexiones críticas sobre el uso y la apropiación del tiempo.
Merece una extensa disertación el problema consistente en la estructuración de la compleja cadena de cuidados global en un sistema de precariato feminizado, en donde las mujeres pobres y racializadas absorben el trabajo doméstico de otras mujeres que también forman parte de la clase trabajadora y que, de alguna manera, logran pagar el cuidado de los hijes y la casa. Resulta relevante desmenuzar esta discusión bajo la mirada crítica y sesuda del concepto de intersección, de clase, desde la matriz de opresiones y el capitalismo racial fundante aplicado en contextos socioeconómicos en donde prevalece la clase trabajadora.
Avances en el marco internacional
Desde hace casi cinco décadas, los países de América Latina y el Caribe, a través de la Agenda Regional de Género en materia de política de cuidados, han ido construyendo una serie de acuerdos que exhortan a los Estados a reconocer, medir y financiar las tareas de cuidado.
Uno de los hitos fundacionales fue el Plan de Acción Regional de La Habana (1977), donde ya se hablaba de asignar presupuestos adecuados para abordar el trabajo doméstico. Más adelante, el Consenso de Santiago (1997) introdujo el concepto del «tiempo socialmente necesario para el cuidado», reconociendo su valor económico. En 2013, el Consenso de Santo Domingo logró establecer la obligatoriedad de los Estados de producir Cuentas Satélite del trabajo no remunerado, como forma de estimar su contribución real a la economía. (Derivó en la creación de instrumentos metodológicos a través del INEGI como la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo ENUT; la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH como las más importantes). Finalmente, el Compromiso de Santiago (2020) propuso avanzar hacia sistemas integrales de cuidados, que incluyan políticas articuladas en torno al tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos.
En este proceso de construcción regional e internacional, también ha sido clave el aporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que propuso la fórmula de las 3R: Reconocer, ReduciryRedistribuir el trabajo de cuidados como base para una nueva organización social en igualdad de género.
Esta propuesta ha sido recogida y ampliada en los compromisos más recientes. A partir de la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe del noviembre del 2022, especialmente con los Compromisos de Buenos Aires emanados de la misma y los Compromisos de Tlatelolco que surgieron de la XVI edición de esta conferencia, se ha dado un paso más allá, incorporando dos dimensiones adicionales: RecompensaryRepresentar el trabajo de cuidados remunerado. Con estas 5R, se amplía la mirada hacia la construcción de sistemas integrales que no solo alivien la carga, sino que valoren económica y políticamente a quienes cuidan.
Ya ha pasado casi medio siglo y muchos países aún avanzan lentamente. Algunos, como México, lo hacen a marcha forzada, impulsando programas de gobierno que buscan “recompensar todo el trabajo de cuidado que las mujeres han hecho en su vida” pero que no logra concretarse en un Sistema Integral de Cuidados.
Desde 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió la promesa de consolidar un Sistema Nacional deCuidados. A partir de esta iniciativa, los tres niveles de gobierno organizaron foros de consulta en los que participaron instituciones públicas y representantes de la sociedad civil. Sin embargo, el país aún carece de un marco normativo constitucional que respalde esta transformación: el Congreso de la Unión no ha aprobado el decreto de Ley para la Creación del Sistema Nacional de Cuidados, lo cual impide su institucionalización.
En el proceso de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030publicado en DOF en abril, la Igualdad Sustantiva y los Derechos de las Mujeres fueron ejes principales. Esta prioridad debió convertirse en políticas pública y, sobre todo, verse reflejada en partidas presupuestales concretas. Según estimaciones de la CEPAL, la inversión inicial necesaria para un sistema integral, universal, gratuito y de calidad enfocado tan solo en la primera infancia, sería del1.16% del PIB. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 asignó apenas el 0.1% del PIB a programas relacionados con cuidados a grupos prioritarios, lo que representa una incongruencia entre el nivel discursivo y la acción política.
Hay una evidente disparidad si se compara con el enorme valor económico que las mujeres ya aportan mediante el trabajo no remunerado. De acuerdo con laCuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México en 2022, las tareas del hogar y los cuidados realizados por mujeres representaron el 17.6 % del PIB, muy por encima del aporte masculino (6.7%), y superior incluso al de sectores clave como el comercio (19.6%), la manufactura (17.2%) o el alquiler de bienes (8.5%).
En los Criterios Generales de Política Económica 2025, el Gobierno Federal reconoció esta realidad al comprometerse con la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados como herramienta para cerrar brechas salariales y aumentar la participación económica de las mujeres. Para que esto funcione, se necesita una verdadera corresponsabilidadentre el Estado, el sector privado y la sociedad, así como la voluntad política de convertir este compromiso en ley, en presupuesto y en una restructuración fiscal.
Bajo este mar de cifras, datos y porcentajes, subyace un hecho social: el trabajo de cuidados no remunerado que realizan principalmente las mujeres cumple una función esencial en las economías capitalistas: subsidiar la reproducción social de la fuerza de trabajo. Es decir, sin ese trabajo cotidiano e invisible que garantiza que las personas coman, descansen, estén sanas y puedan salir a trabajar, ninguna economía podría sostenerse. Sin embargo, la distribución desigual de estas responsabilidades sitúa a las mujeres en condiciones estructurales de desventaja frente a los hombres yrestringe el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
¿Cómo se materializa esta desigualdad? ¿Qué derechos están en juego? El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a elegirlo libremente, a condiciones equitativas y a protección frente al desempleo. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con carácter vinculante, obliga a los Estados a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y a garantizar el derecho al trabajo como derecho inalienable. Sin embargo, cuando la mayor parte del cuidado recae sobre las mujeres, se limita su tiempo, su energía y su disponibilidad para participar en el mundo laboral, político, cultural, social y educativo.
Aunque en el segundo trimestre de 2024 la participación económica de las mujeres en México alcanzó el 46.3%, uno de los niveles más altos en una década, muchas ingresan a la economía informal, en trabajos sin seguridad social, sin estabilidad y con ingresos bajos. Aquellas que logran incorporarse al mercado formal, suelen hacerlo en empleos precarizados y de medio tiempo, que les permitan “conciliar” sus responsabilidades de cuidado, pero que también las excluyen de la posibilidad de ascensos, acceso a prestaciones y al desarrollo profesional.
Además, las mujeres enfrentan otro obstáculo silencioso: la “pobreza de tiempo”. En muchos espacios laborales, la disponibilidad de horario es vista como un signo de compromiso con la empresa o institución, es una actitud que, vista desde el enfoque de género, resulta un modelo masculinista, ya que quienes pueden permanecer más tiempo son los que no tienen otras cargas de cuidados. Así, las mujeres, incluso en empleos formales, quedan atrapadas enescalones bajos de la pirámide laboral, sin posibilidades reales de crecimiento.
Estas condiciones no solo afectan el empleo. La falta de acceso a trabajos dignos también limita derechos fundamentales como lasalud, la seguridad social, la vivienda, la movilidad social y la protección social integral. La división sexual del trabajo se traslada al sistema económico en forma de segregación ocupacional, discriminación salarial y la persistente brecha salarial de género.
Frente a este panorama, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha marcado como prioridad la necesidad de abordar la crisis global de los cuidados. Los Estados están llamados a erradicar la discriminación contra las mujeres y a preparar estrategias para enfrentar fenómenos como el envejecimiento poblacional proyectado hacia 2050, lo que incrementará la demanda de cuidados a largo plazo.
¿Cuáles son los pendientes y los derechos postergados por el Estado mexicano? Si bien los programas sociales tienen impactos positivos en la búsqueda de la autonomía económica de las mujeres, aún persistengrandes desafíos estructurales. Sin políticas redistributivas y de reorganización social, el Estado puede reproducir nuevas formas de explotación en el capitalismo contra de las mujeres, exigencias modernas que recrudecerían fenómenos como la doble o triple jornada, donde las mujeres trabajan fuera y dentro del hogar sin el respaldo de servicios públicos de cuidado.
En este sentido, la aprobación de la iniciativa de Ley para la Creación del Sistema Nacional de Cuidados es una urgencia. Este marco legal no solo permitiría consolidar lo prometido en el Plan Nacional de Desarrollo y en los compromisos internacionales, sino que sería una demostración real del gobierno para caminar hacia sociedades más justas, igualitarias y verdaderamente democráticas.
No podemos olvidar que, durante décadas, las mujeres han subsidiado el sostenimiento de la vida con su tiempo, su energía y su trabajo. Hoy, el Estado, el mercado y la sociedad en su conjunto tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de saldar esa deuda histórica.
