El pasado 28 de abril se produjo una caída total del sistema eléctrico en la península ibérica dejando sin electricidad a España, buena parte de Portugal y el sur de Francia. En algunos territorios, el bautizado Gran Apagón se extendió por más de 15 horas sumiendo a la población en un clima distópico donde no faltaron teorías conspirativas y nostalgias en formas de radios de pila y transistores.
A día de hoy se desconoce la causa precisa de la desconexión de emergencia de la red eléctrica debido a la falta de transparencia de Red Eléctrica de España, la empresa encargada del suministro.
En las últimas semanas, en Yucatán (particularmente en Mérida y su zona metropolitana) se generó una polémica en torno al sistema de transporte público mejor conocido como Va y Ven: una de las obras insignias de la administración del ex gobernador Mauricio Vila.
El Gobierno del Estado actual, encabezado por Joaquín Díaz Mena, cuestionó severamente la “viabilidad financiera” (importante remarcar el concepto) del proyecto, lo cual propició un intercambio acalorado de declaraciones entre representantes del gobierno guinda y la oposición, quienes señalaron a los morenistas de estar en contra de la modernización que tanto necesitaba el sistema de transporte.
Llegados a este punto, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el Gran Apagón sucedido en Europa y la polémica del Va y Ven en Yucatán? Bueno, tengamos siempre presente que la realidad es un espejo retrovisor: los objetos, lo absurdo y las calamidades están más cerca de lo que aparentan.
En España el suministro eléctrico está a cargo de Red Eléctrica de España: un consorcio privatizado en un 80%, propiedad de grandes capitales y fondos de inversión que actúan en el mercado eléctrico internacional.
Distintos especialistas en energía han señalado la fragilidad del sistema eléctrico español debido a diversos factores. Entre ellos, quizá el más relevante sea la configuración de un modelo energético saturado que prioriza intereses económicos sobre la estabilidad y la seguridad del sistema eléctrico y por ende, el bienestar de los ciudadanos.
En el caso del Va y Ven habría que comenzar con algunas preguntas básicas: ¿Cómo funciona el sistema de transporte en Yucatán? ¿Es este sistema público o privado? ¿Será el Cetram Norte, “El paradero más caro de Latinoamérica”, sólo una excepción o la punta del iceberg de una privatización encubierta del sistema de transporte? A veces, simplemente hay que preguntar lo obvio y seguir el dinero.
El Presidente estatal de Acción Nacional afirmó que ningún sistema de transporte público en el mundo tiene que ser rentable financieramente sino socialmente redituable. La argucia estaría bien para algún despistado sino fuera que para que un sistema de transporte público sea socialmente rentable, este tiene que ser precisamente eso: público, y no de facto un negocio privado de unos cuantos.
El gobierno morenista tiene razón, pero establece torpemente los marcos del debate. Al plantear la “inviabilidad financiera” del Va y Ven cedió a la oposición la centralidad y los temas del debate, instalándose en la opinión pública una suerte de retroceso o vuelta al pasado.
Como bien lo dice George Lakoff, quién establece los temas del debate, gana el debate. El gobierno del estado no está logrando comunicar de la mejor manera bien y ha cometido muchos errores. El episodio del Kukulcán es palmario. Si concebimos la comunicación política teniendo de base a autores como Niklas Luhman o Jurguen Habermas, comunicar no significa hacer videos de color, sino establecer un canal de comunicación donde se establezca la orientación de políticas públicas del proyecto en turno. La comunicación inicia donde se pone o no el dinero. Lo demás son cuentos, frivolidad o entretenimiento.
Tanto el Gran Apagón en España como el Va y Ven en Yucatán vuelven constatar algo que se hizo evidente durante la pandemia, pero quizá hayamos perdido de vista: es lo público, y no lo privado, lo que nos protege en los momentos más difíciles.
Y es por eso que la economía y los sectores estratégicos de una sociedad (educación, sanidad, transporte, energía) deben estar bajo control público. Ante la barbarie del mercado, el orden de lo público, de la política.
