El 25 de septiembre 74% de la ciudadanía cubana de 16 años y más acudió voluntariamente al Referendo por el Código de las Familias. El 94.25% de las boletas resultó válida. De ellas, 66.87% tenía marcado “Sí”, mientras en el 33% apareció el “No”.
El nuevo Código sustituye el Código de la Familia aprobado en 1975, uno de los más avanzados de su época que no reflejaba las transformaciones que durante 47 años sucedieron en esa institución cubana.
Concluyeron así once años de discusiones que demuestran cuán enraizadas está la ideología patriarcal en las cubanas y los cubanos.
Comenzaron en 2011 cuando el documento base de la Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba en su punto 54 llamó a enfrentar toda discriminación por razones, entre otras, de género y de orientación sexual. Ello convirtió la lucha contra la homofobia en una lucha política.
En los debates públicos de 2018 sobre la nueva Constitución de la República, alrededor de 25% de quienes participaron en ellos rechazaron su artículo 68 que daba cabida al matrimonio entre personas del mismo sexo porque reconocía esa institución como “…la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común”. La versión definitiva de la Constitución de la República aprobada en 2019 “redistribuyó” el espíritu de oponerse a la homofobia en varios de sus artículos, sin legalizar las uniones entre personas del mismo sexo.
Llegamos así al Referendo excepcional del Código de las Familias del 25 de septiembre de 2022.
Su excepcionalidad residió en que hubiera podido convertirse en ley al aprobarlo la Asamblea nacional del Poder popular, hecho que sucedió en julio pasado. Previamente sólo se sometieron a Referendo las Constituciones de 1976 y de 2019. Sin embargo, todas las versiones del nuevo Código, que culminaron en la vigésimo quinta que fue a las urnas, se nutrieron con los estudios y las vivencias profesionales cotidianas que acumularon durante años las ciencias del derecho, la sociología, la psicología, la historia, además de los resultados de una consulta popular.
¿Por qué someterlo a un Referendo?
Opino que la Nación necesita que su mayoría acepte sus contenidos para conocer sus derechos y deberes en materia de familias, especialmente cuando requiera acudir al Código buscando justicia si hubiere desavenencias familiares. O para transformar sus concepciones culturales arcaicas, especialmente las patriarcales, sobre las familias cubanas que tanto han cambiado.
La elaboración de este documento fue rigurosa para que se pareciera a las familias cubanas hoy, muy diferentes a las del Código de la familia de 1975. La versión vigesimocuarta pasó la prueba de una amplísima consulta popular en la que participó 76% de la población y, de esta proporción, 62% manifestó estar de acuerdo con el texto. Gracias a las propuestas de las ciencias y de la sabiduría popular se modificó la mitad del documento. Así produjeron la versión definitiva que fue a las urnas.
El nuevo Código lo cambia todo desde su título porque se apellida “de las familias” en plural, mientras que el de 1975 era “de la familia”. Desde 1975 Cuba se transformó en cuanto a generaciones, raza, género, desigualdades, pobreza, envejecimiento poblacional, diferencias geográficas, altos niveles educacionales, calificaciones laborales, migraciones internas y, sobre todo, externas, para mencionar algunas. Todas influyeron en las variantes de lo que significa ser parte de una familia, incluyendo cuando sufren exclusiones, carencias, ausencias y discriminaciones.
Examiné críticamente las cuatro últimas versiones del Código, todas de más de 120 páginas. Estimo que la mayoría de las cubanas y de los cubanos no lo hizo por su extensión. Muchos conocieron sus contenidos por lo que comunicaron los medios del país. Pero intuyo que principalmente buscaron informarse por las redes sociales, a la mano en sus celulares, además de participar en las reinterpretaciones que inundaron los debates entre cubanas y cubanos.
Remedando a Hamlet, “He aquí el dilema.”
Dilema que reside en que cada quien opina proyectando sus ideologías de todo tipo, raramente basándose en haber leído la referencia al asunto en las versione vigésimo cuarta del Código (que fue la que se discutió públicamente),o en la vigésimo quinta, distribuidas en folletos y en versiones digitales. Los mensajes instando al “No” inundaron las redes.
Las cuestiones que pudieron provocar el “No” fueron reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo o su unión afectiva de hecho; la adopción por parte de estas personas; prohibir el matrimonio infantil; la responsabilidad parental que sustituye la patria potestad; la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes; la noción de criarles sin violencia; las técnicas de reproducción asistida, incluyendo la gestación solidaria.
Estos “Noes” manifiestan cuán enraizada está la cultura patriarcal en cubanas y cubanos. Por ejemplo, la homofobia no acepta el derecho a legalizar las uniones de personas del mismo sexo porque sus malos ejemplos se multiplicarían en la población, porque son “antinaturales” o porque no responden a las uniones entre un hombre y una mujer santificadas por las religiones.
Cuando una pareja del mismo sexo adopte a un infante o adolescente, ello no significa que les inculcarán sus identidades genéricas o preferencias sexuales. Sencillamente, hallarán en sus nuevas familias amor y seguridad.
La prohibición del matrimonio infantil en menores de dieciocho años molestó a quienes manifiestan la “ética” de mantener la decencia cuando sucede un embarazo adolescente. Estas personas omiten que, tras legalizar la unión, el joven suele desaparecer, tronchando los proyectos de vida de la muchacha y comprometiendo a sus familiares a formar a la criatura de por vida.
Quienes se aferran a la patria potestad no aceptan que la responsabilidad parental nunca niega el compromiso principal del padre y de la madre sobre su prole, sino que amplía, comparte esta tutela con otros miembros de la familia. Este concepto promueve solucionar colegiadamente los problemas que surjan porque confiere a quienes integran la familia, que en el caso cubano es mayoritariamente extendida, el derecho a que se tomen en cuenta sus criterios. Soluciona legalmente la tutela provisional o permanente en los casos en que padres y madres se ausenten.
El concepto de autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes resulta novedoso. Significa que, a medida que la prole crezca, hay que escuchar gradualmente sus criterios para que participen en las decisiones que le conciernen, así como en las familiares. Estas decisiones pueden ir desde respetar sus preferencias por los deportes a practicar hasta qué carreras escoger.
La norma de criar sin violencia complementa la anterior. Pero parte de la población aún no comprende la amplitud del término “violencia”, cuando concierne a cómo educar a las hijas y los hijos. Hay violencia no solamente cuando miembros de la familia les golpean para que “sus leyes” rijan las conductas de las niñas, niños y adolescentes bajo su tutela, sino también cuando les encierran, les horrorizan con “el viejo del saco”, les humillan al gritarles o los adultos estallan en peleas frente a los más pequeños.
La violencia también cobra forma cuando, tras un divorcio o separación marital, se impide que la persona ausente (generalmente el padre), visite a su descendencia. Se violenta crecer en armonía a nietas y nietos si les niegan mantener contactos son sus abuelas y abuelos.
El Código visibiliza estas formas de violencia que traumatizan las personalidades de las personas desde su infancia. Lo hace para que la ciudadanía conozca sus derechos y sus deberes y pueda acudir a la justicia.
Aunque en Cuba la población respeta y agradece las prácticas universales y gratuitas de la salud pública, existen instituciones religiosas que satanizan la reproducción asistida en todas sus formas. Las califican de “antinaturales”. Lo mismo sucede con la interrupción del embarazo, legalizada hace seis décadas.
Estimo que estos “pecados” no calarán en los modos de ser de la ciudadanía, por la relevancia que los cubanos y las cubanas adjudican a ser madre y padre. O, sencillamente, porque por más de medio siglo, sobre todo ellas acuden a los anticonceptivos y los exigen a sus parejas y saben que pueden interrumpir un embarazo en instituciones de la salud si así lo deciden.
Las campañas para incitar al “no” fueron enormes. Ninguna esclareció que el Código no impone conductas, sino que incluye aquellas que ya existen en Cuba para otorgarles derechos y deberes.
Al acercarse la votación, cobró fuerza el llamado a no acudir a las urnas aduciendo que el gobierno ha sido incapaz de evitar la crisis económica que sufre la población por desabastecimientos, la inflación, los cortes de electricidad y a creciente emigración externa. Resumiendo, convocaron a un “voto de castigo”.
Por si fuera poco, la tormenta “Ian” se acercaba a Cuba ese domingo. Provocó lluvias torrenciales en partes del país, lo que quizás provocó inasistencias a las urnas.
La razón se impuso y el Código de las Familias se convirtió en una ley aprobada por el voto popular.
