El llamado «plan de paz» que Donald Trump impulsa junto con ciertos países árabes para Gaza nace bajo la premisa de administrar el conflicto sin resolverlo y de gestionar la ocupación sin terminarla.
Este documento de 21 puntos llega precedido por la retórica familiar de la «paz» y la «estabilidad regional», pero cuando examinamos su contenido con detenimiento, descubrimos no un camino hacia la justicia, sino un mapa para perpetuar el status quo. El plan propone un alto el fuego permanente en Gaza, lo cual suena razonable hasta que recordamos el contexto: diecisiete años de bloqueo asfixiante, bombardeos cíclicos que han convertido barrios enteros en escombros, y una población civil atrapada en lo que muchos organismos internacionales han denominado una prisión a cielo abierto.
Lo más revelador de este plan no es lo que dice, sino lo que omite deliberadamente. En sus veintiún apartados no aparece mención alguna al derecho fundamental del pueblo palestino a la autodeterminación. No se habla de un Estado palestino soberano e independiente. No se contempla el desmantelamiento de los asentamientos ilegales que continúan expandiéndose en Cisjordania como metástasis sobre el territorio palestino. Es como si alguien propusiera curar una herida profunda simplemente vendándola sin desinfectarla ni suturarla.
La propuesta de colocar a Tony Blair al frente de una administración provisional en Gaza tiene un simbolismo casi perverso. Blair, el mismo que como primer ministro británico participó en la invasión de Iraq, ahora aparece como figura tutelar para un pueblo que lleva más de siete décadas sufriendo las consecuencias del mandato británico sobre Palestina. Es difícil no ver en esta designación una continuidad histórica amarga: el mismo poder imperial que facilitó la creación del Estado de Israel a expensas del pueblo palestino ahora regresa para «administrar» las consecuencias de aquella decisión.
Bajo este esquema, Gaza quedaría convertida en un protectorado internacional, un territorio tutelado sin voz propia en las decisiones que afectan su futuro. La Autoridad Nacional Palestina, ya debilitada y cuestionada por muchos palestinos, solo entraría en escena en una fase posterior y con atribuciones limitadas. Mientras tanto, Hamás quedaría completamente excluido del proceso, ignorando así a una fuerza política que, nos guste o no, representa a un sector significativo de la población gazatí.
Esta exclusión no es accidental sino estratégica. Al dejar fuera a Hamás sin abordar las razones de su apoyo popular, el plan evita confrontar las causas profundas del conflicto.
Resulta igualmente elocuente lo que el plan no exige de Israel. No hay sanciones por la colonización que continúa devorando territorio palestino. No se menciona responsabilidad alguna por las violaciones masivas y documentadas del derecho internacional. No se habla de justicia para las víctimas de bombardeos indiscriminados, ni mucho menos una condena al genocidio en curso.
El documento simplemente pide «evitar anexiones» futuras mientras consolida las ya existentes, y habla extensamente de garantizar la seguridad de Israel sin dedicar una sola línea a garantizar la seguridad del pueblo palestino.
Esta asimetría es el corazón del problema. Un plan de paz genuino debe reconocer que la seguridad es un derecho universal, no un privilegio exclusivo de una de las partes. Las madres palestinas que temen por sus hijos bajo los bombardeos tienen el mismo derecho a la seguridad que las madres israelíes que temen por los suyos ante los cohetes. Cualquier propuesta que no reconozca esta verdad fundamental está construida sobre cimientos de injusticia.
El plan tampoco aborda la cuestión de los millones de refugiados palestinos esparcidos por el mundo, personas que conservan las llaves oxidadas de casas a las que no pueden regresar, que guardan escrituras de propiedades que ya no pueden reclamar. El derecho al retorno, reconocido por la resolución 194 de las Naciones Unidas desde 1948, simplemente no existe en este documento. Es como si esos millones de personas hubieran sido borradas del mapa, sus historias reducidas a meras estadísticas incómodas.
Lo que este plan propone, en esencia, es congelar el conflicto en su estado actual de injusticia. Busca transformar la ocupación en una administración internacional, cambiarle el nombre sin alterar su sustancia. Es un ejercicio de gestión colonial, una manera de hacer que la dominación parezca aceptable mediante el lenguaje de la ayuda y el desarrollo.
Desde esta perspectiva crítica, organizaciones activistas del Sur Global, como la Unión Palestina de América Latina plantean una alternativa radicalmente distinta: no la administración de la injusticia sino su eliminación. Proponen el fin completo de la ocupación, el levantamiento del bloqueo que asfixia a Gaza, el desmantelamiento de los asentamientos ilegales y la construcción de un Estado democrático y laico en toda Palestina histórica donde musulmanes, cristianos y judíos convivan con igualdad de derechos, sin la ideología sionista que ha hecho de la etnicidad el criterio para definir la ciudadanía.
Esta visión, por supuesto, resulta controversial y enfrenta objeciones poderosas tanto prácticas como políticas. Pero tiene la virtud de la coherencia: reconoce que no puede haber paz verdadera sin justicia, y que no puede haber justicia mientras existan ciudadanos de primera y segunda clase en la misma tierra.
El plan de Trump, por el contrario, representa lo que podríamos llamar la «paz de los poderosos»: aquella que busca silenciar el conflicto sin resolver sus causas, que pretende estabilizar la región sin cuestionar las estructuras que la desestabilizan. Es la paz del cementerio, donde la quietud se confunde con la resolución.
La historia, universal y particular de Palestina, nos enseña que los conflictos territoriales y nacionales no se resuelven mediante la imposición unilateral de la tutela externa, sino a través del reconocimiento mutuo de derechos y la construcción conjunta de soluciones. Los acuerdos duraderos nacen del diálogo entre iguales, no de la sumisión del débil ante el fuerte con la mediación de potencias que tienen sus propios intereses en juego.
Palestina no necesita más planes que administren su sufrimiento. No necesita administradores internacionales que perpetúen su falta de libertad. Lo que necesita, lo que todo pueblo necesita, es el reconocimiento de su derecho fundamental a la autodeterminación, a vivir en su tierra sin bloqueos ni bombardeos, a construir su futuro sin permisos de potencias extranjeras.
Mientras estos principios básicos no se respeten, cualquier propuesta, es un bucle histórico que hace perene el conflicto; un espejismo en el largo desierto de promesas incumplidas que caracteriza la historia palestina. Y los pueblos, como los viajeros perdidos en el desierto, eventualmente aprenden a distinguir entre el agua real y los espejismos que solo prolongan su sed hasta la muerte.
