La guerra contra Irán y el error estratégico imperial

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta contra Irán bajo el nombre de «Epic Fury». Lo que la retórica oficial presentó como un acto de defensa preventiva contra una amenaza nuclear inminente fue, en realidad, una agresión sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, sin que Irán hubiera atacado previamente a ninguno de los dos agresores, y mientras se desarrollaban negociaciones diplomáticas que, según el mediador omaní, estaban produciendo avances significativos. Se bombardeó mientras se negociaba. La diplomacia, como tantas veces, fue utilizada como cobertura para preparar la guerra.

Dos semanas después, el balance es demoledor: más de 1,300 civiles iraníes muertos, cerca de 10,000 sitios civiles bombardeados —incluyendo escuelas, hospitales y la infraestructura de telecomunicaciones—, el asesinato del líder supremo Alí Jamenei, y una escalada regional que ha alcanzado a una docena de países. Pero el balance también es inesperado para los agresores: los costos de la guerra se disparan, el Estrecho de Ormuz está efectivamente cerrado, el precio del petróleo se ha multiplicado, y la respuesta iraní ha demostrado una capacidad de resistencia y adaptación que desafía los cálculos iniciales de Washington y Tel Aviv.

Los cuatro objetivos de una guerra ilegal

Un análisis honesto de esta agresión debe ir más allá de la narrativa sobre la amenaza nuclear iraní. Para Estados Unidos, la operación responde a una combinación compleja de al menos cuatro objetivos estratégicos que, aunque distintos, convergen en una misma lógica imperial.

Primero, el intento de consolidación de la hegemonía israelí en Oriente Medio. Desde 2023, Israel ha ejecutado una estrategia sistemática de destrucción de las capacidades militares de sus adversarios regionales: el genocidio en Gaza, el debilitamiento de Hezbolá en Líbano, y ahora el intento de eliminar la estructura de poder iraní. Que el 93% de los israelíes judíos apoyen las operaciones, según el Israel Democracy Institute, revela hasta qué punto el consenso belicista ha colonizado la sociedad israelí.

Segundo, el control de los flujos de gas y petróleo. No es casual que esta guerra ocurra en la región que alberga las mayores reservas de hidrocarburos del planeta. El ataque a las instalaciones energéticas iraníes, la interrupción del tráfico por el Estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del suministro mundial de petróleo y una quinta parte del gas natural licuado global— y la vulnerabilidad expuesta de las infraestructuras energéticas del Golfo forman parte de una ecuación geoeconómica que no puede ignorarse. Quien controla la energía, controla la política global.

Tercero, el dominio de los estrechos. El Estrecho de Ormuz no es solo una vía comercial: es un punto de estrangulamiento estratégico de primer orden. Su cierre efectivo ha paralizado el comercio marítimo regional, con más de 200 buques varados y las principales aseguradoras retirándose del corredor. Que Trump haya declarado estar «pensando en tomar el control» del estrecho revela sin ambages la ambición imperial: no se trata de defensa, sino de dominio territorial sobre las arterias del comercio mundial.

Cuarto, la contención de China. Pekín es el mayor importador de petróleo iraní y el principal socio comercial de Teherán. Aproximadamente el 45% de las importaciones petroleras chinas transitan por Ormuz. La guerra contra Irán, sumada al secuestro del líder venezolano, busca estrangular las fuentes de suministro energético de China y debilitar su creciente presencia en la región a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Como ha señalado la analista de Chatham House, los ataques a Irán y Venezuela constituyen un golpe directo a la estrategia diplomática y económica china, exponiendo los límites de un modelo basado en la cooperación económica sin respaldo militar.

Error de cálculo

Si la guerra debía ser rápida, quirúrgica y decisiva —como sugería el optimismo inicial de Trump al declarar que todo iba «adelantado respecto al calendario»—, la realidad ha impuesto una corrección brutal.

Irán ha demostrado una capacidad de respuesta que ha tomado por sorpresa a los planificadores militares. En los primeros días del conflicto, las fuerzas iraníes lanzaron más de 500 misiles balísticos y cerca de 2,000 drones, dirigidos tanto contra objetivos israelíes como contra bases estadounidenses en al menos nueve países de la región. Los ataques alcanzaron el aeropuerto de Dubái —uno de los más transitados del mundo—, infraestructuras energéticas en Arabia Saudita, Kuwait y Bahréin, y obligaron a Qatar Energy a suspender toda su producción de gas natural licuado.

Lo más revelador es la estrategia iraní de administración de recursos. Analistas han señalado que la reducción progresiva del ritmo de lanzamientos no indica necesariamente agotamiento, sino una estrategia deliberada de racionamiento para sostener una guerra prolongada. Irán no busca ganar en el sentido convencional: busca demostrar que el costo de destruirlo es inaceptable.

La respuesta iraní ha golpeado donde más duele: en la logística de guerra y en la economía. El cierre del Estrecho de Ormuz ha provocado que el precio del Brent saltara de unos 70 dólares por barril a superar los 100, con proyecciones que alcanzan los 135 dólares si la situación se prolonga. Goldman Sachs ha elevado su previsión de inflación para Estados Unidos en casi un punto porcentual. La Agencia Internacional de Energía contempla la mayor liberación de reservas estratégicas de su historia. Países como Japón planean liberar 80 millones de barriles de sus reservas. Lo que debía ser una demostración de fuerza se ha convertido en una crisis energética global que golpea con especial dureza a los propios aliados de Washington.

ONU Zombi

Quizás nada ilustra mejor la crisis del orden internacional que la actuación del Consejo de Seguridad. La resolución 2817, adoptada el 11 de marzo, condena los ataques iraníes contra los estados del Golfo, pero no menciona siquiera los bombardeos estadounidenses e israelíes que iniciaron el conflicto. Como señaló el representante iraní ante la ONU: el propio Estado responsable de la agresión presidía el Consejo cuando se adoptó la resolución.

El papel de la ONU se ha tornado obsceno. Estados Unidos, como miembro permanente y parte beligerante, puede vetar cualquier resolución que condene sus propias acciones. Rusia y China, a pesar de considerar la resolución «extremadamente desequilibrada», optaron por abstenerse en lugar de ejercer su veto, en parte porque 135 países la copatrocinaron. Un borrador ruso que pedía el cese de hostilidades de todas las partes no alcanzó los votos necesarios.

El resultado es un organismo que condena a la víctima y exonera al agresor. No se trata de ingenuidad: cualquier persona informada sabe que el Consejo de Seguridad ha funcionado así desde su creación. Pero existe una diferencia cualitativa entre un sistema imperfecto pero funcional y un sistema que legitima activamente la agresión. Como ha argumentado un análisis jurídico publicado en Just Security, el hecho de que no se intentara siquiera obtener autorización del Consejo —ni se recurriera al mecanismo de «Unión pro Paz» en la Asamblea General— demuestra que los agresores sabían que carecían de cualquier fundamento legal.

No tiene ningún sentido seguir hablando del «orden basado en reglas» cuando las reglas solo se aplican a quienes carecen de poder para violarlas.

Interregno hegemónico

Sería un error interpretar esta crisis como un simple episodio más de la historia imperial estadounidense. Lo que estamos presenciando tiene una dimensión sistémica que trasciende el declive relativo de una potencia.

El concepto de «interregno hegemónico» resulta útil aquí, tomado de Gramsci: lo viejo está muriendo, pero lo nuevo no puede nacer todavía. Estados Unidos retiene una capacidad militar abrumadora, pero su capacidad para traducir esa fuerza en resultados políticos duraderos se erosiona con cada intervención. La guerra contra Irán lo demuestra con claridad: se puede bombardear un país durante semanas, asesinar a su líder supremo, destruir su infraestructura, y no lograr la sumisión. Un informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia estadounidense, publicado por The Washington Post, concluye que incluso una ofensiva a gran escala sería insuficiente para derrocar la estructura de poder clerical y militar de Irán.

Pero lo que se desmorona no es solo la hegemonía estadounidense. Es el andamiaje institucional construido después de 1945 para gestionar las relaciones internacionales. La Carta de las Naciones Unidas prohibía el uso de la fuerza salvo en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. Ambas excepciones han sido vaciadas de contenido. El derecho de autodefensa se invoca preventivamente contra amenazas hipotéticas y que solo existen en el cerebro de Trump.

Simultáneamente, China —la potencia que debería estar construyendo la alternativa— revela sus propias limitaciones. Pekín no pudo proteger a Irán ni en 2025 ni en 2026, a pesar de su «Asociación Estratégica Integral». Su respuesta se ha limitado a declaraciones diplomáticas, evacuación de ciudadanos y una cautelosa ambigüedad diseñada para no irritar a Washington antes de la cumbre bilateral de finales de marzo. Como ha señalado CNN, China es un «aliado de buen tiempo: generosa en palabras, tacaña en riesgos». Pero otra lectura podría indicarnos que la prudencia estratégica de China es lo único que nos ha salvado de un escalamiento mayor que pueda derivar en una guerra total.

(Re) pensar el mundo

Ante este panorama, la tentación del cinismo es comprensible pero inadmisible. La urgencia no es solo denunciar sino pensar con rigor sobre qué viene después. Aquí dejo un listado de tres urgencias:

Primera, la reforma radical de las Naciones Unidas (o su sustitución). El mecanismo de veto en el Consejo de Seguridad ha demostrado ser no solo ineficaz, sino activamente dañino. La propuesta de recurrir a la Asamblea General mediante el procedimiento de «Unión pro Paz», como han solicitado organizaciones como DAWN, es un paso mínimo pero necesario. A largo plazo, cualquier arquitectura de seguridad colectiva que otorgue poder de veto a los principales productores de armas del mundo está diseñada para fracasar.

Segunda, reconstruir el derecho internacional desde abajo. Iniciativas como el Grupo de La Haya, fundado en enero de 2025 para coordinar medidas legales y diplomáticas en defensa del derecho internacional, representan un camino prometedor. No se trata de esperar a que las grandes potencias se autorregulen —no lo harán—, sino de construir coaliciones de Estados medianos y pequeños, sociedad civil organizada y tribunales internacionales que impongan costos reales a quienes violan las normas más básicas de convivencia internacional.

Tercera, atender las consecuencias humanitarias inmediatas. Mientras se debate sobre el orden mundial, hay civiles muriendo bajo las bombas. Más de 1,300 muertos en Irán, 687 en Líbano, trabajadores sanitarios asesinados, escuelas destruidas. La comunidad internacional tiene la obligación de exigir el cese inmediato de las hostilidades, garantizar el acceso humanitario y documentar las violaciones del derecho internacional humanitario para futuros procesos.

Duelo y reconstrucción

Lo que esta guerra ha puesto de manifiesto no es solo la brutalidad de un ataque específico, sino el agotamiento de un modelo de sistema internacional. Un modelo en el que una potencia en declive puede lanzar guerras de agresión con impunidad y en el que las instituciones multilaterales legitiman al agresor.

Pero los momentos de crisis sistémica son también momentos de posibilidad. Pero esa posibilidad no se realizará sola: requiere pensamiento riguroso, organización política, solidaridad internacional y la convicción de que otro orden es no solo deseable, sino imprescindible. Nuestro compromiso debe ser con los principios: el derecho internacional, la soberanía de los pueblos, la protección de los civiles y la construcción de instituciones que sirvan a la humanidad y no solo a quienes tienen el poder de destruirla.

El mundo que emerja de esta crisis dependerá, en buena medida, de nuestra capacidad para imaginar y exigir futuros distintos. Ese es el trabajo que comienza ahora.

Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Master en Técnicas Modernas de Dirección en la Administración Pública por la Escuela de Negocios Formato Educativo y la Universidad de Cádiz (becario de la OEA) y doctorando en Política Pública por el Centro de Investigación, Docencia y Análisis de Política Pública (CIDAPP). Tiene diversos diplomados y especialidades entre las que destacan Certificado en Sistemas Integrados de Gestión (Universidad de Cádiz), Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), Certificado en Administración Pública y Fiscal (Banco Interamericano de Desarrollo), Diplomado en Derecho Parlamentario (Poder Legislativo del Estado de Yucatán- UNAM) y Diplomado en Teología, terrorismo y fundamentalismo religioso (Universidad de Salzburgo-ITESO). Se ha desempeñado en diversos cargos públicos destacando su experiencia en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Asesor y consultor externo en proyectos educativos, culturales y empresariales. Docente universitario y promotor del estudio de las Relaciones Internacionales y las Políticas Públicas en diversos medios de comunicación. Fundador y Director General de Gestión y Vinculación Académica del Centro de Estudios Internacionales del Mayab (CEIM).