Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo a todas las diputadas, diputados, a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan, tanto de manera presencial como virtual.
Hoy es un día de gran significado para mí. Hace algunos años, estaba fuera de este recinto, acompañada de mujeres jóvenes, estudiantes y adultas, alzando la voz por un tema urgente: la autonomía reproductiva. Fue entonces cuando crucé por primera vez las puertas de este pleno. Hoy, después de años de lucha, es fundamental dar continuidad a este sueño colectivo, un sueño forjado en la resistencia de tantas mujeres que, desde las calles, la academia y el aula, han sostenido la esperanza y la exigencia de justicia.
Organismos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado la importancia de garantizar el acceso legal, seguro y gratuito al aborto, pues su penalización perpetúa la violencia y limita la autonomía de las personas.
Pero, además, criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. No se persigue a quienes pueden pagar un procedimiento seguro o viajar a otro estado para acceder a este derecho, sino a quienes no tienen esa posibilidad. Y en Yucatán, las más vulnerables ante esta criminalización son las mujeres mayas, niñas y adolescentes obligadas a enfrentar embarazos forzados sin acceso a justicia ni a salud digna.
La situación es alarmante. ¿Cómo es posible que en 2022 se registraran 1,521 partos de niñas y adolescentes entre 10 y 17 años? ¿Cómo es posible que 2 de cada 10 mujeres embarazadas que dan a luz tengan entre 12 y 14 años?
Estas niñas no son madres por decisión propia. Son víctimas de un sistema que les niega su infancia y les impone una maternidad forzada. Son el rostro de una deuda histórica que no podemos seguir ignorando.
Un ejemplo claro de la injusticia que enfrentan las mujeres es el caso de Evelia aquí en Yucatán, una mujer maya condenada a más de 12 años de prisión por perder un embarazo. Evelia no comprendió lo que le ocurrió, ya que, al no hablar español, no fue informada sobre su situación ni el proceso judicial que enfrentaba.
Casos como este reflejan cómo la criminalización del aborto afecta principalmente a las mujeres con mayor vulnerabilidad.
Es urgente reformar el marco legal que permita un cambio a esta realidad. Por ello, hoy presento dos iniciativas:
La primera tiene como objetivo modificar el artículo 1º, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Yucatán para reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida digna de toda persona.
La segunda, propone modificar el Código Penal y la Ley de Salud del estado con la intención de reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones relacionadas a la despenalización del aborto, el reconocimiento del aborto forzado, el derecho a la atención y acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva , la regulación de la objeción de conciencia por parte del personal de medicina y enfermería y la atención integral del embarazo, parto, puerperio, así como la atención en la etapa neonatal, la niñez y la adolescencia.
Estas iniciativas son el resultado de décadas de lucha, impulsadas por una diversidad de mujeres desde la calle, la academia, el litigio y el acompañamiento. Un ejemplo de ello son la doctora Sandra Peniche y la abogada Amelia Ojeda, quienes han dedicado sus vidas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Yucatán.
La legislatura pasada le dedicó un minuto de silencio a la doctora Sandra Peniche, pero nunca se discutió la iniciativa que se presentó por primera vez por la bancada que hoy represento.
Quiero reconocer el valioso trabajo de la abogada Amelia Ojeda, quien ha dedicado más de 30 años en el acompañamiento a mujeres criminalizadas, en la lucha por la despenalización del aborto en Yucatán, y quien promovió en 2021 el amparo que hoy obliga al Congreso a legislar sobre este tema.
Es un honor que las iniciativas que hoy presento hayan sido formuladas con la asesoría y experiencia de la abogada Amelia Ojeda.
Este esfuerzo no pertenece a una sola bancada, partido o grupo; es una causa colectiva que va más allá de cualquier diferencia política.
Finalmente quiero agradecer profundamente a quienes desde su diversidad como mujeres, jóvenes, mayas, y de la diversidad sexual, nos han brindado el diálogo y apoyo para concretar estas iniciativas.
Agradezco especialmente a: Amelia Ojeda, Rosa Cruz Pech, Andrea Tamayo, Camila Escalante, Alejandra Gonzales, Martha Rodríguez, Araceli Pat, Neyda Pat, Ninde MolRe, Liz Mejorada y Evelia Magaña Peralta e Isabel Rodríguez.
Así como a las organizaciones UNASSE A.C., Abortistas MX, Sé La Diferencia, Igualdad Sustantiva Yucatán, Girl Up Resistencia Feminista, UADY Sin Acoso, y Consultoría GPA Asesores S.C.P. y la Red Peninsular de Acompañantas.
Por último, agradezco a todas las personas que hoy, alzando el pañuelo verde, siguen luchando por nuestros derechos. Su compromiso y resistencia han sido clave para construir un camino hacia un futuro más justo y digno para todas las personas.
A mis compañeras diputadas y compañeros diputados, confío en que hoy estemos a la altura de esta causa. La historia nos ha demostrado que esta lucha lleva más de un siglo, pero hoy sí tenemos la voluntad política que nos exige estar del lado correcto: del lado de la justicia, la dignidad y los derechos humanos.
