Entre las diversas formas utilizadas por los empresarios y gobiernos para violentar los derechos laborales de la clase obrera se encuentra el outsourcing o subcontratación mediante un proceso de tercerización, cuya forma elemental es la contratación de una persona a través de una empresa ajena al centro de trabajo al cual el proletario (hombre o mujer) laborará. La función de la empresa intermediaria ha sido garantizar a los patrones -empresas, instituciones y dependencias- la sobre explotación mediante sueldos precarizados, la falta de relación contractual por el centro real de trabajo y el trabajador, además de la negación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como son vacaciones pagadas, jornada de trabajo de ocho horas, días de descanso, pago de horas extras, pago y/o descanso en días festivos, Seguro Social, condiciones idóneas para el trabajo tanto en términos físicos del lugar de trabajo como en términos psicológicos, económicos y sociales. La subcontratación ha servido para la eliminación de las organizaciones obreras y para la desarticulación de la lucha proletaria. El outsourcing es mucho más que una medida económica, es ante todo, una medida de explotación compleja que va de lo económico a lo social-cultural utilizada con anuencia política redimensionada en la fase neoliberal del capitalismo mexicano.
El oustsourcing por las relaciones de trabajo triangulares que fomenta impulsa la incertidumbre laboral de forma permanente, aunque esto último sea negado tanto por las empresas como por los gobiernos, la suerte de los trabajadores y trabajadoras queda en manos de dos aparentes patrones que a la hora del cumplimiento de los derechos laborales se lavan las manos, pero a la hora de la explotación se dividen las ganancias y en conjunto exigen a proletario el cumplimiento de sus exigencias, esto puede verse en dependencias de gobierno que favorecen la subcontratación para labores de limpieza y vigilancia, manejo de vehículos y maquinaria, reparación de daños y mantenimiento, así como para la llamada prestación de servicios especializados, siendo en estos últimos donde además se presenta en mucha ocasiones el desvió de fondos, facturación desmedida y el favorecimiento a empresas “amigas”, de igual forma, otro efecto de la subcontratación es la facilidad para el patrón de romper las relaciones laborales y la evasión fiscal como ya el propio gobierno federal ha reconocido.
Actualmente en México, el gobierno federal ha manifestado su intensión de elaborar una reforma para eliminar el outsourcing, argumentando principalmente las afectaciones en la recaudación de impuestos como un efecto más de la corrupción y desmoralización heredada de los regímenes anteriores. Si bien es cierto lo anterior, el outsourcing requiere ser eliminado como práctica en toda ley y reglamento laboral, siendo que desde la Reforma Laboral de 2012 su práctica fue más evidente, una de las trampas legales impuestas es el hecho mismo de que siendo un anglicismo la palabra outsourcing su definición concreta es difícil y ambigua, esto manifestado por especialistas en jurisprudencia laboral.
La práctica del outsourcing debe desaparecer y reformularse las leyes laborales, respetarse los derechos plenos de la clase obrera y eliminar las prácticas de explotación propias del capitalismo, aunque para esto último, necesitamos reconstruir el proyecto socialista para dar lugar a una sociedad justa y humana.
