En la mayoría de los países centroamericanos, ya no sería sorprendente ni osado decir que la democracia es apenas un espejismo, una quimera, un sueño lejano del que sólo quedan los pedazos regados. Una por una, las democracias del istmo han sido subvertidas desde dentro, ante la mirada de una ciudadanía a veces atónita, a veces confrontativa, y a veces silenciosa: ya no son los golpes de Estado promovidos desde la CIA, como los de Guatemala y Panamá, los que han asegurado la transición de régimen, sino procesos de autocratización internos, estrategias de concentración de poder de líderes personalistas y populistas que absorben el orden institucional.
El efímero proceso de democratización en la década de los noventas, fuente de esperanza para una región conmocionada por el militarismo, el genocidio y la violencia de Estado, ha sido paulatinamente revertido, primero en Honduras, en 2009, luego en Nicaragua, hacia 2018 y, finalmente, en El Salvador por lo menos desde 2024. Si la ola democratizadora de hace tres décadas permitió vislumbrar una Centroamérica diferente, liberada de sus regímenes militares sanguinarios y de su crónica inestabilidad política, entristece hoy decir que ese horizonte tal vez nunca ha estado tan lejos.
El discurso autocrático ha permeado nuevamente el tejido social en Centroamérica: las democracias frágiles de posguerra son progresivamente tomadas por líderes carismáticos que ostentan el poder sin límites, que se deshacen de los contrapesos políticos e instauran, en cambio, gobiernos de mano dura que persiguen opositores políticos, oenegés, defensores de derechos humanos y periodistas. Hacia el 2025, consecuentemente, el istmo centroamericano es un mosaico político en el que coexisten todo tipo de regímenes, desde autocracias consolidadas y regímenes híbridos – como Nicaragua y El Salvador – hasta democracias de corte más liberal-republicano y constitucionalistas – como Costa Rica –.
La pequeña Costa Rica – desde donde escribo estas palabras – es actualmente la única democracia plena de Centroamérica de acuerdo con el Democracy Index del EIU, con orígenes que se remontan a mediados del siglo XX: es la democracia más longeva de América Latina. De manera inédita, sin embargo, desde 2022 ganan terreno en el país las actitudes autoritarias y antisistema promulgadas desde los más altos niveles de la política nacional, con ataques mediatizados sistemáticos emitidos por el presidente Rodrigo Chaves que buscan movilizar a la ciudadanía en contra de las instituciones del Estado de derecho costarricense y los contrapesos del Estado.
Lo más triste, sin embargo, es que ahora en la longeva democracia tica el presidente Chaves ha aprendido muy bien de sus vecinos centroamericanos los dotes del dictador: la habilidad cultivada de fustigar a la oposición política y a la prensa crítica con su gestión, al Tribunal Supremo de Elecciones y al Poder Judicial, llegando incluso a liderar marcha en contra de este último. El mandatario, en este sentido, tiene como principal objetivo nada más nada menos que desmantelar y erosionar, progresiva pero seguramente, los controles que ejercen sobre su administración las instituciones horizontales del Estado, ya sea en materia política, fiscal o constitucional. Estas acciones, que politólogos como Przeworsky denomina como ‘‘populismo delegativo’’, son estrategias empleadas por líderes carismáticos que se asumen como representantes de aquello que de manera difusa denominan como ‘‘pueblo’’, mientras buscan alterar el aparato institucional para amoldarlo a su conveniencia.
En el caso de El Salvador, por si a alguien le quedaba alguna duda, queda tan poco de democracia como de constitución: el cambio constitucional que permitirá a Bukele reelegirse indefinidamente en su cargo se hizo a puertas cerradas en el congreso, en un mismo día y en vísperas de las vacaciones nacionales de ese país – tal vez así nadie se molestase en protestar –. Ante la ausencia de controles institucionales y contrapesos políticos hacia la figura de Nayib Bukele – dictador que abandonó su estilo juvenil cool de usar la gorra al revés y se transformó en un auténtico sultán – este mandatario pudo reelegirse inconstitucionalmente en 2024 tras haber logrado mayoría parlamentaria y haber nombrado magistrados afines en el Poder Judicial y en la Corte Suprema, mientras que puede imponer cambios constitucionales a gusto y a puertas cerradas: desde eliminar la prohibición a la minería hasta permitir la reelección indefinida, todo lo que pasa por el congreso se vota a la medida del oficialismo.
La sigilosa subversión de la democracia encabezada hoy por de líderes democráticamente electos, como Nayib Bukele y Daniel Ortega, que desintegran las democracias desde dentro de los márgenes del mismo sistema que los legitimó por medio de elecciones, abre nuevas perspectivas sobre los procesos de deterioro democrático en la región, con formas crecientemente solapadas y encubiertas de autoritarismo y concentración de poder -¡que cuentan incluso con gran apoyo popular!–, así como intentos sistemáticos de deslegitimación de las instituciones públicas, la división de poderes y los contrapesos políticos. En este contexto, como lo ha señalado ya la sétima edición del Estado de la Región del PEN, hay una nueva tendencia de concentración de poderes en el Ejecutivo, en detrimento de la división de poderes, que afecta incluso a países como Costa Rica, país cuya democracia se ha caracterizado por su estabilidad política y una tradición de presidencialismo no hegemónico, que ahora enfrenta discursos y tendencias cada vez más autoritarias y antidemocráticas en la ciudadanía y la política nacional.
¿Hacia dónde van nuestras democracias? Espero que no sea ya demasiado tarde para preguntárnoslo. El camino es, en todo caso, seguro: hacia el abismo.
