Entre tanto arancel, nadie habla de que el pasado 6 de febrero de 2025 Donald Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI). El trasfondo de esta confrontación es particularmente relevante. La investigación de la CPI sobre crímenes de guerra en Gaza se ha convertido en el punto focal de tensión; la CPI, cumpliendo con su mandato de investigar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ha avanzado en sus indagaciones sobre las fuerzas sionistas y la orden de captura sobre Netanyahu.
Esta investigación ha provocado una fuerte reacción de Estados Unidos, cuyo apoyo a Israel se ha materializado ahora en sanciones concretas contra la Corte. Al catalogar las investigaciones de la CPI como realizadas «sin una base legítima», la administración Trump desafía abiertamente la jurisdicción de la Corte y su capacidad para examinar las acciones propias y de sus aliados.
Las sanciones estadounidenses contra la CPI representan mucho más que un desacuerdo político; constituyen un ataque directo a la esencia misma de la justicia internacional. Al intentar boicotear a quienes investigan crímenes que involucran a personal estadounidense y sus aliados, Washington se salta, una vez más, el principio fundamental de que nadie debe estar por encima de la ley.
Los Países Bajos, como país anfitrión de la CPI, se encuentran en una posición particularmente delicada. Su compromiso legal para garantizar la independencia operacional de la Corte choca frontalmente con la presión estadounidense. Los bancos holandeses, temerosos de las sanciones, podrían suspender servicios financieros esenciales para el funcionamiento de la CPI, paralizando su ya de por si limitada, capacidad de acción.
Una prueba para la Unión Europea
Ante esta amenaza, resurge el «estatuto de bloqueo» de la UE como posible solución. Este mecanismo, diseñado para proteger a las empresas europeas de sanciones extraterritoriales, podría proporcionar un escudo legal para que los bancos holandeses continúen ofreciendo servicios a la CPI sin temor a represalias estadounidenses.
Sin embargo, hay que señalar que los grandes bancos holandeses como ING, Rabobank y ABN AMRO mantienen operaciones significativas en Estados Unidos, lo que los coloca en una posición imposible: cumplir con la legislación europea o evitar sanciones estadounidenses.
A la fecha, más de 80 países que han expresado su «apoyo continuo e inquebrantable» a la CPI están observando cómo responderá Europa ante esta presión. La invocación del estatuto de bloqueo sería una declaración contundente de que la UE no permitirá que potencias extranjeras dicten el funcionamiento de instituciones internacionales en suelo europeo.
El reacomodo del Sistema Internacional
La manera en que se resuelva este conflicto entre Estados Unidos y la CPI establecerá precedentes sobre cuestiones fundamentales como la universalidad de la justicia, la soberanía nacional y el equilibrio entre poder y derecho en las relaciones internacionales.
Si la CPI logra mantener su independencia y continuar sus investigaciones a pesar de las presiones estadounidenses, representaría un fortalecimiento histórico del sistema de justicia internacional. Demostraría que incluso las potencias globales y sus aliados pueden ser sometidos a escrutinio judicial por sus acciones. Por el contrario, si la CPI se ve paralizada por las sanciones, el mensaje sería claro: el poder sigue primando sobre la justicia en el escenario global.
El caso de Gaza, al situarse en el centro de este conflicto institucional, adquiere una dimensión simbólica que va más allá del conflicto regional. Se convierte en una prueba de fuego para determinar si el derecho internacional puede aplicarse universalmente o si existen «excepciones geopolíticas» que protegen a ciertos estados del escrutinio internacional (aunque podemos adivinar el triste desenlace).
Para las potencias emergentes y el Sur Global, esta confrontación está siendo observada con particular atención. La postura de la UE influirá decisivamente en cómo estos países perciben la legitimidad de instituciones internacionales como la CPI. Un sistema de justicia internacional que aparezca subordinado a intereses geopolíticos occidentales difícilmente ganará la confianza de naciones que ya cuestionan la imparcialidad de las instituciones multilaterales en la actualidad.
¿Fragmentación o multipolaridad?
El futuro del multilateralismo está en juego. Una CPI debilitada o percibida como instrumento de intereses particulares reforzaría las tendencias hacia un mundo fragmentado en esferas de influencia donde prevalece la ley del más fuerte. Por el contrario, una CPI fortalecida, capaz de actuar independientemente de presiones políticas, podría convertirse en piedra angular de un multilateralismo renovado.
Este episodio podría acelerar la transición hacia un orden mundial más multipolar, donde diferentes centros de poder negocian nuevas reglas de convivencia internacional. Si la UE logra defender exitosamente a la CPI, estaría afirmando su papel como polo independiente en este nuevo orden, capaz de defender principios y valores propios incluso frente a su tradicional aliado transatlántico.
Pero la verdadera pregunta no es si el estatuto de bloqueo puede proteger técnicamente a la CPI, sino si Europa tiene la voluntad política para enfrentarse a su aliado transatlántico en defensa de sus valores. En esta prueba de resistencia, está en juego mucho más que el futuro de una institución; se trata de determinar si Europa puede y quiere defender una visión donde la justicia prevalezca sobre el poder.
Independientemente de si las instituciones que hoy existen sobreviven o no, la crisis actual nos confronta: ¿queremos un mundo donde incluso los más poderosos respondan ante la ley o uno donde el poder determine quién está sujeto a la justicia?
