Con el permiso de la mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, me dirijo con respeto a las distinguidas diputadas y diputados de esta honorable asamblea, así como a todas las personas que nos acompañan hoy, tanto a nivel presencial como virtual, y a los representantes de los medios de comunicación. Y aprovecho antes de mi intervención para hacer un respetuoso saludo al Centro de Estudios e Investigación Sociales y Culturales Efraín Calderón Lara, cuyos integrantes hoy nos acompañan.
El pasado 2 de octubre, recordamos uno de los episodios más trágicos en la Historia de nuestro país. Hace 56 años, en la Plaza de las Tres Culturas, jóvenes como yo, juventud que exigía un país más justo, más libre, más democrático, fueron callados de la forma más violenta posible. La masacre de Tlatelolco no sólo truncó las vidas de estudiantes, obreros y familias, sino que dejó una herida profunda en nuestra memoria colectiva. Jóvenes de 15 años, mujeres, hasta adultos mayores. La plaza amaneció barrida; los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo.
El 26 de julio de 1968, tras una brutal represión policial contra estudiantes del IPN y la UNAM, surgió un movimiento social en México. La respuesta del gobierno de Díaz Ordaz fue una represión aún mayor, en lugar de dialogar. Este movimiento, que rápidamente incluyó a diversos sectores de la sociedad, exigía justicia y libertad para los presos políticos, así como la destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola, y del coronel Armando Frías, responsables de la represión. También demandaba la extinción del Cuerpo de Granaderos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que criminalizaban la protesta social, indemnización a las familias de las víctimas de la represión y el deslindamiento de responsabilidades de las autoridades por actos de violencia. Las exigencias se expandieron más allá de la Ciudad de México, cuestionando las desviaciones del proyecto revolucionario y demandando el respeto a los derechos constitucionales.
El 2 de octubre, el gobierno, incapaz de dialogar, optó por la violencia. La brutal represión dejó un número indeterminado de víctimas, marcando un momento trágico en la historia de México, que mostró la traición y violencia del Estado frente a las demandas sociales.
Este evento ha quedado grabado en la memoria colectiva, no sólo como un recordatorio de la brutalidad del Estado, sino como un símbolo de lucha. La frase “¡2 de octubre no se olvida!” resuena cada año, recordándonos la importancia de no permitir que el olvido prevalezca sobre la verdad y la justicia.
Se cumplieron 56 años de la resistencia de los movimientos estudiantiles sociales. En este mismo sentido, quiero hacer uso del derecho de la memoria histórica de aquella que desde este territorio se levantaron se sublevaron ante la injusticia estudiantil, de la clase obrera, de los campesinos, de las mujeres, entre otros sectores de la sociedad. Aquí en esta tierra Yucateca, han existido represiones orquestadas desde la fuerza del Estado:
Recordemos a Efraín Calderón Lara, mejor conocido como “Charras”, pasante de derecho y líder sindical, un joven HUMANISTA de 26 años, apasionado por la defensa de los derechos de los trabajadores y los sindicatos independientes. Calderón Lara se dedicó a la mejora de las condiciones laborales y desafió a las autoridades estatales al fundar nueve sindicatos independientes.
El 13 de febrero de 1974, su vida fue brutalmente arrebatada, tras ser víctima de tortura y ejecución extrajudicial por elementos de la Policía del estado de Yucatán.
Fue un 18 de febrero cuando el campesino Evaristo Poot Cruz encontró el cadáver de una persona en la carretera Chetumal-Felipe Carrillo Puerto, era un cuerpo que tenía las uñas de los pies quebradas, y los dedos amoratados y llenos de sangre; manchas oscuras en todo el cuerpo desecho; la masa encefálica le cubre parte de la cara, tenía los ojos cubiertos con tela adhesiva. Las evidencias de tortura también presentaban moretones en el muslo y en varias partes del cuerpo, no tenía dientes y estaba maniatado y castrado, lo cual constituye una forma de tortura sexual.
Su asesinato fue perpetrado por agentes del gobierno estatal, bajo las presuntas órdenes de Carlos Loret de Mola Mediz, entonces gobernador de Yucatán. Este crimen, destinado a silenciar su voz y frenar su lucha, continúa generando una profunda indignación.
En el contexto de las movilizaciones para su presentación con vida, Pedro Quijano Uc, el día de hoy aquí presente (maestro, mi total respeto y reconocimiento a su continua lucha por la justicia) fue víctima de detención arbitraria y tortura, y meses después, Juan Medina Castro y Fidel Rodríguez Mezquita también sufrieron detenciones arbitrarias y prisión por motivos políticos. Y tampoco olvidar el ametrallamiento a la Universidad de Yucatán, ahora UDY, ocurrida el 16 de febrero de 1974, hacia quienes intentaban converger desde los sectores estudiantiles, lo que nos permite ver cómo aquí también existió la vinculación y las instituciones policiacas del estado con grupos porriles.
A 50 años de su muerte, su legado se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia social, recordándonos que su causa sigue viva en la defensa de los derechos laborales y la libertad sindical. Muestra un momento de nuestra historia político-social en el que los protagonistas son los grupos sociales excluidos y marginados.
50 años pueden parecer lejanos, pero en la administración pasada, fuimos testigos de las presiones orquestadas desde el Estado. Recordamos la represión ejercida por el exgobernador Mauricio Vila contra las colectivas feministas cada vez que salimos a la calle a luchar por nuestros derechos. Las mujeres agredidas por la policía estatal en el parque de Santa Ana no son un olvido, así como tampoco las denuncias que el entonces alcalde Renán Barrera hizo contra las feministas ante la fiscalía del estado en 2019.
También está grabado en nuestra memoria el momento en que el gobierno de Mauricio Vila lanzó gas lacrimógeno a maestros adultos mayores que protestaban pacíficamente por sus derechos. La represión hacia las comunidades de Sitilpech, que se manifestaron en contra de las granjas de cerdos que intoxican su entorno, así como la violencia sufrida por activistas durante la marcha a favor de Sitilpech, donde una mujer trans y una persona no binaria, junto a un hombre y una mujer, fueron encarcelados injustamente.
Y cómo olvidar a los jóvenes que fueron detenidos, golpeados y torturados mientras protestaban contra la llegada de George Bush a Yucatán en 2007, bajo el gobierno de Patricio Patrón Laviada. Al igual que durante el mandato de la exgobernadora Ivonne Ortega, quien mandó a reprimir a estudiantes que se manifestaban por el tema del transporte, especialmente por la credencialización.
Recordemos también el caso del joven José Eduardo Ravelo, quien sufrió tortura y violación a manos de elementos de la policía estatal, sin que hoy exista esclarecimiento y justicia.
Y por último, es imprescindible recordar los feminicidios que continúan ocurriendo en el estado. Solo en lo que va del 2024, ya se han registrado ocho casos de mujeres asesinadas. El más reciente ocurrió el pasado jueves (3 de octubre) en el municipio de Chemax, donde una mujer fue brutalmente atacada con un arma blanca por su propia pareja. Estos crímenes reflejan la alarmante realidad de la violencia de género que aún prevalece y la urgente necesidad de justicia y protección para las mujeres.
Hoy, como una de las diputadas más jóvenes de esta Legislatura, me siento especialmente comprometida con el legado de esas y esos jóvenes que alzaron la voz contra la represión y el autoritarismo. La historia nos ha enseñado que el silencio solo beneficia a quienes abusan del poder. Y hoy, al recordar el 2 de octubre, afirmamos que no olvidamos ni perdonamos.
Los jóvenes de Tlatelolco soñaban con un México diferente, y ese sueño sigue siendo nuestra responsabilidad. No podemos permitir que esa injusticia, ni las que hoy persisten, caigan en el olvido.
Desde esta tribuna, como diputada joven del partido Morena, no solo hago el recordatorio y compromiso de nuestro partido de continuar la lucha desde este reciento, también hacemos un llamado a la justicia. Un llamado a la memoria, porque recordar es un acto de justicia. Y un llamado a la acción, porque aún tenemos mucho por que luchar.
