De manera oprobiosa, un día sí y el otro también, el actual ejecutivo nacional sigue atacando a personas, organizaciones o estamentos que no le parecen o no le agradan, dejando patente una vez más que la intención única que movilizó durante 18 años a su persona y a su movimiento, no fue el crear un mejor gobierno, sino diseñar un país que obedeciera dócilmente a sus intereses, pero, sobre todo, a su forma de ver la vida.
Esta semana fue aprobada en las cámaras legislativas federales (diputados y senadores) la reforma constitucional que dará permanencia a las fuerzas armadas federales —en funciones que no les competen— hasta el año 2028; es decir, dos años después de concluir su sexenio, los cuarteles seguirán vacíos, porque el personal estará desplegado en las calles por mandato legal constitucional… Y, por cierto, ¿alguien ha notado una reducción en la inseguridad pública? Pero, acerca de este tema, ya he escrito en ocasiones anteriores, esperando, por supuesto, amable lector/a, que haya sido de su agrado.
Retomando el tema, de nueva cuenta, los ataques desde la que debería ser una tribuna de conciliación y resiliencia, van dirigidos a una institución que costó mucho tiempo conseguir: el Instituto Nacional Electoral, INE, y a quienes están dispuestos a evitar su desaparición.
De todos es sabido que la intención de quien vive en un palacio, además de no practicar lo que predica como la austeridad republicana (cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre), se ha empecinado en destruir —para reconstruir a modo—, el organismo fundamental que debe existir en los países que se consideran como democráticos: el árbitro electoral.
Haciendo de abogado del diablo, hay que reconocer que los errores y excesos cometidos por las instituciones públicas de la era «neoliberal», como las tilda el presidente, generaron desigualdad social, problemas de índole nacional y son de todos conocidos; sin embargo, considero que eso no justifica el tomarlo como pretexto para desaparecer aquellos organismos que no le son afines (sobre todo los autónomos que serían los indicados para señalar las fallas del gobierno) para imponer en su lugar organizaciones centralizadas, sometidas e inexistentes en los hechos (Véase CNDH).
Para ejemplificar lo anterior, me permito hacer la siguiente analogía: es imposible —tal vez irracional— llegar a una casa, tirarla abajo hasta los cimientos y luego pretender levantar una mansión en muy poco tiempo y sin saber si los recursos económicos son suficientes, y si además de ello, quieres realizar una mega fuente, un jacuzzi en el techo y una palapa en el jardín trasero, todo al mismo tiempo, solo puede tener dos razones: o realmente tienes un presupuesto ilimitado a tu disposición (conseguido sin afectar a nadie) o algo no anda muy bien en tu cabeza que crees que vas a cambiarlo todo en seis años.
La lógica nos dicta que se trataba de hacer a un lado aquello que no sirviera en la casa y reemplazarlo con algo más eficiente, pero sin destruir lo construido porque es un hecho que, si la tubería no sirve en una casa, habría que reemplazarla por una mejor ¡No tirar la casa para terminar instalando, de todas maneras, tubería nueva! Y eso es lo que el presidente y su partido en el poder han hecho desde el inicio: tirarlo todo, bajo el único argumento de que fue construido en el período neoliberal, sin entender que había muchas cosas que funcionaban y, además, la vida social de los mexicanos se había desarrollado con base en esas estructuras (tal vez no era lo que quisiéramos, pero sí lo que teníamos). Pongo nada más un ejemplo: el seguro popular era utilizado por 53 millones 530 mil 359 personas (dato de diciembre de 2018) y fue reemplazado por el llamado INSABI, que, al día de hoy, tiene poco más de 34 millones de afiliados… ¿Y qué pasó con los más de 19 millones de diferencia? ¿Ya no requieren de asistencia médica? ¿Gozan de cabal salud?
¿No hubiera sido mejor continuar apoyando a quienes ya estaban afiliados y eficientar y mejorar aquello que demostraba no estar funcionando?
La megalomanía presidencial es de una magnitud tal que lo llevó a estar seguro de que podía hacer una transformación física, política, social y electoral del país en un sexenio (¡En UN sexenio!), y, al mismo tiempo, darse el espacio para gobernar una nación de más de 130 millones de habitantes. Las evidencias y el tiempo han demostrado que no es posible, que le quedó muy grande el compromiso.
Pero no queda allá, las ofensas y los términos peyorativos de parte del ejecutivo que debería ser el conciliador, como mencionaba al inicio, nos da cuenta de su verdadera ideología: ¡O están conmigo o en mi contra! y en automático se deshace en descalificativos contra quienes no opinan igual sin darse tiempo a considerar esas opiniones que no siempre son adversas, en muchos casos son solamente diferentes, sí, diferentes como la multiculturalidad del país que cree gobernar y en el colmo del egocentrismo, el metamensaje que envía es: ¡Nadie sabe más que yo!
Por si fuera poco, se palpa en el día a día el desinterés de una gran parte de la población por hacer valer su participación en la toma de decisiones que, al final, terminan afectando a todos. A ese gran número de personas enceguecidas (el pueblo bueno según el ejecutivo) son a quienes les presentan malas decisiones que son maquilladas como buenas de una manera tan llamativa que se quedan con la forma, olvidan el fondo y aseguran estar de acuerdo con temas que ni entienden ni les interesan, excepto el saber de cuánto les va llegar su beca, su apoyo o su compensación del siguiente mes, ignorando o aceptando tácitamente —aunque no se admita— en una compra anticipada de votos desde los pasillos oficiales, ya que la advertencia «si votas por otro, te quitan el apoyo» se ha repetido de manera constante y ha quedado en la mente de esa parte de la población.
A manera de conclusión, les digo que el desmantelamiento del INE y la creación de un organismo a modo, solo es una muestra de lo que nos espera como nación en el futuro próximo: los organismos reguladores, de vigilancia, autónomos y de control, poco a poco irán desapareciendo para allanar el camino a un régimen autoritario, donde los próximos gobernantes de los tres niveles de gobierno, emanados del partido oficial, llegarán al poder para volcar sus enojos, sus frustraciones y cobrar venganza «por las ofensas» realizadas décadas atrás y, ya instalados en el poder, continuar con las represalias, las descalificaciones, las acusaciones sin pruebas y, sobre todo, para continuar engañando a la ciudadanía con corregir el rumbo de México, porque recordemos que una de las más grandes promesas de campaña fue acabar con la corrupción en el país… ¿Alguien ha visto a alguno de tantos corruptos en prisión después de todos estos años? ¿No que ya no habría «más de eso»? ¿O, sigue el presidente teniendo «otros datos»?
Hasta la próxima entrega.