Aunque no es un reclamo reciente, pues las propuestas han sido desde finales de la primera década del presente siglo, en los ultimos días ha cobrado mayor fuerza, no solamente por la unión de procuradores y gobernadores del partido republicano, en el mismo sentido, sino porque hasta el actual mandatario norteamericano se muestra a favor de emitir una resolución que permita considerar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, en gran medida, por el exceso de tibieza del gobierno mexicano en el combate al crimen organizado, a pesar de las alegres cifras manejadas en la mañanera por los representantes de las fuerzas armadas.
La propuesta de equiparar a los cárteles de la droga mexicanos con terroristas tiene un antecedente muy particular de fecha 4 de noviembre de 2019, cuando la familia LeBaron fue asesinada en Sonora por integrantes del cártel de Juárez; aunado a esto y tras el procedimiento judicial llevado a cabo en cortes norteamericanas, en 2022 una corte de Dakota sentenció a este cartel a pagar una suma millonaria como indemnización, aunque muchos pensarán en “lo absurdo de querer que una organización delincuencial acate una sentencia, cuando precisamente están fuera de la ley”. Cabe mencionar que lo relevante, no es tanto la sentencia como la consecuencia, es que esa corte norteamericana promulgó la sentencia por considerar ese lamentable suceso de Sonora como un “acto terrorista”, sentando así un precedente y vinculando ante los ojos de la justicia norteamericana los términos “cártel de la droga” con “organización terrorista”, lo que estaría dando como resultado la información con la que he abierto este escrito.
De ahí podemos entender cabalmente el por qué ahora 21 fiscales de estados unidos, y funcionarios del partido republicano norteamericano están urgiendo al presidente Joe Biden y a su actual secretario de Estado, Anthony Blinken, la designación “oficial” de estas organizaciones criminales como Foreign Terrorist Organizations (FTO) u Organizaciones Terroristas Extranjeras, ya que, además de abrir la puerta a acciones más directas por parte de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, tácitamente se estaría aceptando la incapacidad del actual gobierno de México para presentar un frente efectivo contra el crecimiento de la delincuencia organizada, pues ha quedado plenamente demostrado que la estrategia de “abrazos y no balazos” ha sido de todo, menos efectiva para disminuir el crecimiento de la delincuencia dentro y fuera del país.
Durante el actual sexenio, la intensa violencia de los cárteles va mucho más allá de la mera resistencia a la interferencia del tráfico de estupefacientes, ya que se observa un esfuerzo general para intimidar a los rivales y expandir su influencia a través de una inaudita violencia, violencia que implica necesariamente el uso de armas de fuego de calibres diseñados para la guerra y de explosivos de uso militar para matar a las fuerzas de seguridad, lo que a ojos de muchos constituye claramente una actividad terrorista.
Además de lo anterior —el incremento de la violencia—, la otra preocupación del gobierno norteamericano lo dan las cifras de muertos por el consumo de droga, en específico del fentanilo, y muestra de ello, lo dio el mandatario estadounidense Joe Biden durante el mensaje del estado de la Unión el pasado mes de febrero, donde planteó lanzar una ofensiva contra la venta y contrabando de fentanilo, luego de ser publicado en diversos medios de comunicación que esta droga sintética provoca la muerte de, aproximadamente, 80 mil estadounidenses cada año y que se han incautado poco más de 23 mil libras de fentanilo (más de 10 toneladas) en los últimos meses.
En una total acusación al gobierno mexicano, este grupo de procuradores escribieron: “La existencia de tales fuerzas al otro lado de nuestra frontera terrestre del suroeste y la incapacidad del gobierno mexicano para controlarlas representan una amenaza para nuestra seguridad nacional mucho mayor que una empresa típica de narcotráfico”.
Y por si no fuera suficiente, el procurador general del estado norteamericano de Virginia, Jason Miyares, aseveró que los cárteles también tienen nexos con organizaciones terroristasextranjeras, aunque no ofrecieron pruebas.
Ante lo anterior, este 6 de marzo, en su mañanera, el ejecutivo mexicano descalificó las acusaciones y afirmó —para variar— que todo es propaganda de los “conservadores”, que “todo lo quieren resolver por la fuerza militar” y que no permitirá la injerencia extranjera, porque México es un “país independiente”. Habrá que observar cómo se desarrollan los acontecimientos.
Este tema, que dará para más durante las próxima semanas y que estoy seguro elevará las tensiones entre ambos países, se teje al margen de las preguntas o de los “reclamos” en los que de verdad debería estarse trabajando: no hay oferta si no existe la demanda; es decir, no es correcto que el gobierno del país vecino vea la paja en el ojo ajeno cuando sus políticas de salud —al igual que las de seguridad de México— no parecen funcionar como debe ser.
Siendo un poco abogado del diablo, hay que considerar —sin culpar de manera absoluta a nadie— que si no hubieran millones de personas dispuestas a consumir toda clase de drogas en Norteamérica, el mercado para las organizaciones criminales sería, tal vez, diferente, y no quiero con esto disculpar a la delincuencia organizada, sino intentar dar la justa dimensión a un problema de seguridad y de salud pública que debería ser atacado en ambos lados de la frontera y no sólo querer “cargarle el muerto” a México.
De más está decir que es un hecho que la estrategia de combate a la inseguridad establecida por la transformación de cuarta en el país es todo menos efectiva y como muestra se tiene el reciente secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas, considerado por el gobierno norteamericano uno de los estados más peligrosos.
Y respecto a este último incidente en particular, y recordando que quien olvida la historia está condenado a repetirla, es pertinente no perder de vista que en diferentes momentos de la historia reciente: como en Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, que derivó en la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial; el incidente del buque Maddox en el golfo de Tonkín el 2 de agosto de 1964 que dio pie a la presencia norteamericana en Vietnam, e incluso, aseguran algunos lo que pasó con las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, que tuvo como consecuencia la invasión a Afganistán buscado a Osama Bin Laden; son acciones fabricadas de “falsa bandera” o que se han “dejado hacer” para tener el motivo adecuado y realizar una intervención militar en uno o en otro lugar y que han tenido una estructura muy similar todas ellas. Ciudadanos o propiedades de Estados Unidos en diferentes partes del mundo son atacadas, provocando pérdidas humanas de gran magnitud lo que ha obligado al gobierno estadounidense a dar una respuesta bélica e invadir diferentes países del orbe.
Hago mención de lo anterior —aunque espero estar equivocado—, pero sin desestimar la crudeza de las muertes por consumo de drogas del vecino del norte, ¿quién asegura que no podría ser utilizado como una excusa para ingresar de facto en el país en nombre de su seguridad nacional? Desde la era Trump, hemos sido testigos del concepto que de México y de los mexicanos tiene el gobierno estadounidense. Los “gringos” se han quedado sin guerras y recordemos que no hay nada más redituable y generador de ganancias (para unos cuantos, desde luego).
Como mencioné antes, espero estar en un error, pero en política y gobernanza nada es casualidad, y ante un gobierno débil y revuelto, la ganancia ha sido de la delincuencia organizada que ha aprovechado esta falta de capacidad para poner en jaque a las fuerzas del orden, a las que se les asigna todo en materia civil y se les ata de manos para el cumplimiento de lo que les da origen, llevando este incremento del tráfico y violencia hasta las puertas del vecino, vecino que no está dispuesto a cruzarse de brazos y cuya consecuencia la tendremos en breve.
Hasta la siguiente entrega.