La idea de que Estados Unidos es algo así como el baluarte de la democracia en el mundo es un mito total. Tantas referencias de Donald Trump a salvar nuestra democracia o a protegerla de los rusos, de los chinos, del Islam, o de cualquier otra fuerza de la demonología yanqui que acecha a Estados Unidos, son tontería pura. La idea estadounidense de invadir, ocupar o socavar los gobiernos de otros países para promover la democracia es, igualmente absurda.
Así lo expresaba recientemente el periodista estadounidense Greg Godels, portavoz habitual del Partido Comunista de Estados Unidos, en su habitual columna en los medios de prensa de su país, invitando a sus lectores a reexaminar la forma nada sutil en que los medios dominantes presentan encuestas de opinión sobre políticas nacionales relevantes para hacerlos aparecer como opiniones de las mayorías representativas de los deseos de la ciudadanía.
Estas mismas encuestas muestran que la mayoría de la gente quiere que el gobierno de Estados Unidos juegue un papel activo en la mejora de los problemas sociales y, paradójicamente, muestran poca confianza en sus representantes electos.
A pesar de que las políticas centrales y urgentes defendidas por una sólida mayoría del pueblo nunca se realizan o incluso se debaten seriamente, a pesar de que los canales de información tan vitales para la toma de decisiones democráticas están corrompidos y tienen mala reputación, a pesar de que se desconfía de las instituciones establecidas para ofrecer democracia, nuestros gobernantes y sus servidores de confianza esperan que creamos que los EE.UU. es una democracia próspera.
Al mismo tiempo, levantan todos los obstáculos para disminuir la participación y la eficacia de los votantes: elecciones en semana de trabajo, obstáculos de registro, desafíos de calificación, manipulación, etc.
Si la democracia es un sistema o proceso político que sirve a la voluntad del pueblo, entonces el sistema de Estados Unidos es demostrablemente antidemocrático. Puede parecer un instrumento brillante, pero produce resultados extremadamente pobres para el pueblo.
Aparte de la ineficacia del sistema electoral, se dice que la Constitución de EEUU y sus posteriores enmiendas garantizan ciertos derechos democráticos. En efecto, desde 1789, la constitución original estableció las reglas del juego político de una manera sin precedentes en otros documentos históricos hasta ese momento. Avanzó los procedimientos democráticos populares como ningún otro promulgado antes. La Carta de Derechos, ratificada dos años después, fortaleció aún más la democracia de Estados Unidos (con la fatal advertencia de que a millones de ciudadanos -mujeres, esclavos e indígenas- les fueron negados estos derechos.
Como resultado de una sangrienta guerra civil, un tenaz movimiento de mujeres y una amarga y violenta lucha por los derechos civiles, los logros democráticos originales se fortalecieron más aún. Sin embargo, los enemigos de la democracia – los monárquicos económicos, como los llamó acertadamente FDR, y los fanáticos – han sido implacablemente despojados de esos derechos, empleando un martillo más grande y más dañino hasta el presente. Hoy en día, queda poco que celebrar.
Los derechos a no ser sometido a una tiranía religiosa y a hablar libremente sin temor se han visto socavados por el fanatismo religioso y la vigilancia del Estado policial. El derecho a una prensa libre ha sido trivializado por la dominación corporativa y la monopolización de los medios de comunicación.
El derecho a la privacidad y a la discreción es borrado por un estado de seguridad totalizadora que escucha y lee cada opinión desfasada de sus ciudadanos. Los medios técnicos y los recursos de las agencias de seguridad de los EE.UU. ponen en duda cada acusación previa de «totalitarismo».
Las garantías judiciales formales de la Carta de Derechos son despojadas de fuerza por la comercialización y mercadeo de la justicia. Los ricos compran los mejores abogados, mientras que el resto de los ciudadanos sólo aseguran una representación acorde con sus respectivos desempeños. Además, las leyes se escriben, se hacen cumplir y los castigos se diseñan para aplastar a los pobres y proteger a los ricos. Según una reciente encuesta de la empresa estadounidense Gallup, Inc. de análisis y asesoría con sede en Washington, D.C. sólo el 24% de los encuestados confía en el sistema de justicia penal, lo que difícilmente permite a EEUU erigirse en pilar de la democracia.
Todo ello en medio de una elección que examina a sus candidatos a través de un costoso proceso primario sólo disponible para los ricos y de un proceso electoral que, en última instancia, depende de que los candidatos recauden miles de millones de dólares y que, además, impúdicamente sólo permite sólo dos estrechos caminos (dos partidos) para llegar a la supuesta democracia.
