La trata de personas: el delito a la sombra de la Justicia

Somos desaparecidas sociales: víctimas de las redes de la trata y de las redes de prostitución. Las secuestradas en democracia que no se nombran, las superexplotadas. Las expropiadas como identidades, como cuerpos, como vidas.           

Claudia Korol

La trata de personas es un  delito que atenta contra los derechos humanos de las personas, violentando además, a la sombra de la justicia, principalmente a  mujeres, niñas y niños en condición migrante, que por la falta de elementos para poder tipificarla ha causado mucho daño y ha destruido miles de vidas, alcanzando actualmente una gran incidencia a nivel mundial y convirtiéndose a la vez en una de las fuentes principales de recursos para los criminales.

Evidenciar las repercusiones de la insuficiente aplicación de la justicia en la trata de personas es fundamental,  en primer lugar porque somos personas, lo que parece obvio, pero no lo es tanto cuando analizamos las complejidades  presentes en las víctimas de este delito, y también en razón de que involucra, de alguna forma, gran parte de la población al estar ésta relacionada con el problema, cualquiera que sea su posición al respecto: por acción u omisión, invisibilizando socialmente este problema.

Se conocen diversos escenarios en los que se configura el delito y es de destacar que se da tanto en comunidades indígenas como en las grandes ciudades, incluso a nivel nacional e internacional.

Por falta de oportunidades o por no contar con la información necesaria para identificar el delito de la trata de personas, un alto porcentaje de mujeres, niñas y niños son víctimas del mismo, situación que se ha incrementado, además, debido a la impunidad, por lo que es necesario contar con mecanismos institucionales elaborados y desarrollados en conjunto con la gente experta para poder sancionarlo, sin que haya impunidad, ya que ésta ha sido un factor que no ha permitido brindar justicia a las personas en situación de trata.

Se considera que existe aquiescencia por parte de muchos servidores públicos de todos los niveles para la comisión de este delito. La actual red de trata de personas no hubiera podido diseminarse y ampliarse de la manera en que lo ha hecho a lo largo de todo el territorio nacional sin esta permisividad.

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México

Generalizar que no se ha hecho nada en México en vías de solucionar el delito de la trata de personas sería un error, esto lo confirman las leyes y decretos aprobados; sin embargo, la omisión de estas herramientas legales para combatir tanto a las mafias, como la existencia de un sistema de sometimiento de las mujeres, avalado por el estado nacional, hacen que persista la naturalización de estas prácticas entre la población.

En el Estado de derecho que guarda la nación, ya se ha tipificado este acto como un delito penal a nivel federal y local. Aunado a lo anterior, se han realizado diversas acciones en materia legislativa para institucionalizar  acciones de prevención que en años anteriores no se contemplaban en lo absoluto.

En este contexto la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, los códigos penales y leyes especiales, emanadas de los congresos estatales, suman acciones que contribuyen a la prevención y atención de este flagelo social.

Dentro de las acciones que se considera deben reforzarse para la prevención y atención del delito de trata de personas se pueden señalar las siguientes:

  1. Fortalecer la prevención de la trata de personas, focalizando los sectores más vulnerables para la intervención de acciones policiacas
  2. Identificar focos rojos que requieran inmediata atención, a través de diagnósticos emanados desde las comunidades indígenas y municipios de los estados
  3. Realizar a favor de las personas que pudieran ser víctimas de este delito, acciones adecuadas al grado de afectación de las mismas.
  4. Identificar a las víctimas para que sus familiares reciban una atención adecuada con el fin de prevenir que no vayan a estar en situación de trata en el futuro.
  5. Elaborar los mecanismos y protocolos adecuados para dar atención a los casos o acciones que se presenten en los diversos lugares prioritarios.
  6. Proporcionar seguridad eficiente y eficaz con los mecanismos institucionales y herramientas que hagan frente a los delitos.
  7. Fomentar la investigación de los casos de trata de personas.
  8. Realizar convenios entre los poderes ejecutivos de todo el país y con las instituciones u organismos que trabajan sobre el tema para la realización de documentos que visibilicen los problemas que se dan en el entorno y que limitan el combate al delito de trata.

Sólo así, con la suma de todas estas acciones, podremos avanzar en el abatimiento de este delito que nos debilita como personas y como sociedad.

María Doris Ybone Candila Echeverría
Maestra en Desarrollo Organizacional, Licenciada en Química, Diplomada en Género y Políticas Públicas y Agentes de Desarrollo Local. Académica de la UADY, Diputada de la LVIII Legislatura donde presidió la comisión de Equidad de Género, iniciativas aprobadas, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia . Directora fundadora del el Instituto Municipal de la Mujer en Mérida Yucatán, 2010-2012, Consejera del Instituto Nacional de las mujeres, 2013-.2018 y Consejera del Instituto Estatal de Acceso a la información y Protección de datos personales 2018-2020.