Sanciones de EE. UU son terrorismo de Estado

Trump posa con la biblia en la mano ante la iglesia de Saint John's en Washington D.C. Foto: Brendan Smialowski/ AFP

No obstante reconocerse su conveniencia y necesidad jurídica, no existe una definición universalmente aceptada para el terrorismo, aparentemente porque no se ha podido llegar en organismos internacionales a una formulación unívoca que excluya las acciones terroristas que llevan a cabo los estados.

En 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que se establecía que los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público general o en un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos, son injustificables en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlos.

Generalmente se identifica el terrorismo como “el sistemático uso de violencia, o la amenaza de su uso, para lograr un objetivo político, que se dirige no solo contra personas individuales sino también contra grupos más amplios, y cuyo alcance trasciende con frecuencia los límites nacionales”.

Aunque el diccionario precisa que se trata de acciones llevadas a cabo por grupos no gubernamentales, admite también, como otro concepto, el de “terrorismo de Estado”, que es aquel ejercido por un gobierno contra sus propios súbditos o contra comunidades conquistadas o que pretende conquistar.

Como regla, se aplica el término “terrorismo” a una acción llevada a cabo por unidades secretas o irregulares que, dada su inferioridad militar evidente para enfrentar a las instituciones armadas gubernamentales, operan fuera de los parámetros universalmente aceptados de las guerras.

Se ha hecho tradición y sigue siendo una sistemática práctica en la actualidad que las potencias coloniales y los gobiernos tiránicos apliquen el calificativo de “terroristas” a muchos de los métodos de lucha que escogen los revolucionarios y patriotas para sus enfrentamientos emancipadores.

De ahí la necesidad de no caer jamás en esa trampa y distinguir los métodos revolucionarios de lucha de los métodos terroristas.

Los métodos revolucionarios se identifican con las aspiraciones de los pueblos; los terroristas son fuertemente rechazados por la población.

Los primeros buscan transformar el escenario y las asimétricas condiciones de la lucha para elevar la moral combativa de las masas, atraer a la lucha a nuevas huestes, ridiculizar a las fuerzas represivas del régimen tiránico, llamar la atención del mundo a la guerra revolucionaria que se está librando y denunciar el carácter impopular del gobierno opresor.

Las formas revolucionarias de lucha clandestina pretenden incrementar el apoyo del pueblo a su causa y por ello no tienen como propósito provocar pánico sino convocar a la ciudadanía a adherirse a ellos.

Los métodos terroristas son propios de bandas de delincuentes, mafias, narcotraficantes, organizaciones paramilitares de extrema derecha y mercenarios al servicio de poderosos intereses económicos. Buscan imponer su autoridad sobre la base del temor de la población por la crueldad de sus acciones, que pueden tener carácter de amenazas, advertencias o ser directamente punitivas. No aspiran a atraer al pueblo a su causa sino a imponer su autoridad sobre la base del temor.

El terrorismo genera pánico y provoca sufrimientos y muertes de personas inocentes. Los métodos revolucionarios se identifican con las aspiraciones populares, engendran admiración por el altruismo de quienes ejecutan las acciones y convocan a la lucha y al sacrificio en aras de una causa justa.

Durante la contienda insurreccional contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba sostenida por Washington, junto con la contienda guerrillera en las montañas se libró una cruenta lucha clandestina en las ciudades de todo el país. Entre las diversas actividades que llevaban a cabo los grupos insurreccionales que actuaban en la clandestinidad de las ciudades —recaudación de fondos, abastecimiento a los frentes guerrilleros, propaganda política y otras varias—, estaban las del frente que llamábamos “acción y sabotaje” que llevaba a cabo las acciones de propaganda armada: explosiones, sabotajes, incendios, etc.

Hay que tener siempre en cuenta que no puede haber terroristas buenos y terroristas malos, según actúen a favor o en contra de quien los califica.

De la misma manera que Washington aprueba dictaduras amistosas (“friendly  dictatorships”) y al mismo tiempo se proclama paladín de la democracia, también aplaude, promueve y financia sistemáticamente las acciones terroristas de sus aliados y de sus propias organizaciones de inteligencia y contrainteligencia,

La batalla global contra el terrorismo convocada por el gobierno de los Estados Unidos de América, a raíz de la horrible tragedia del 11 de septiembre de 2001, se inició con el respaldo casi unánime de la opinión pública de ese país a su presidente, debido al muy explotado “efecto patriótico” que fortalece la autoridad del Jefe de Estado en casos de guerra. George W. Bush se convirtió uno de los líderes con más apoyo en la historia de esa nación, pese a que un año antes había necesitado para su elección de cuestionables tecnicismos electorales y del escandaloso fraude floridano organizado por grupos de la extrema derecha cubanoamericana de Miami.

Washington había concitado una amplia solidaridad mundial con el pueblo estadounidense y, si la cruzada antiterrorista lanzada por ellos no obtuvo el respaldo unánime de la comunidad internacional de naciones, fue porque la vía que se proclamó para enfrentar el horrible flagelo terrorista era la de una guerra sin sentido contra todo país que no acatara el liderazgo mundial de los Estados Unidos. 

Las Leyes Patriota fueron, y las sanciones unilaterales de EEUU son, auténticos paradigmas de terrorismo de Estado.

Que la superpotencia más poderosa del planeta invoque el derecho inmanente a la legítima defensa para imponer su autoridad contra la soberanía de otros países independientes, incluso a riesgo de desatar unilateralmente guerras que podrían adquirir un carácter global e impredecible y con un costo incalculable de vidas de civiles inocentes es un acto ilegítimo e inmoral.

El derecho a legítima defensa en las relaciones internacionales sólo podría ser ejercido como derecho por todos los Estados, en defensa común.

Manuel Yepe Menéndez
Manuel Yepe Menéndez (La Habana 1936), desde 1954 fue combatiente insurreccional en La Habana como integrante de las Brigadas Juveniles de 26 de Julio en la Universidad de La Habana. Trabajó en la reproducción y distribución del alegato de defensa de Fidel Castro "La historia me absolverá". En 1958 dirigió la revista clandestina del M-26-7 ACCIÓN, que se editaba semanalmente en La Habana y se identificaba como Órgano de la Juventud Cubana. Es Licenciado en Derecho, en Dirección de la Economía y en Ciencias Sociales. Se ha desempeñó como Director de Protocolo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador de Cuba en Rumanía. Fue Director General de agencia de noticias Prensa Latina; vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT); director del periódico Guerrillero de Pinar del Río, y Director Nacional (fundador en Cuba) del proyecto TIPS del PNUD. Desde 2000 hasta la actualidad es miembro del Secretariado del Movimiento Cubano por la Paz. Fue comentarista de temas internacionales de los diarios POR ESTO! (2008-junio 2020). Agosto 2020