Queridos Lectámbulos:
Aunque parezca un asunto de siglos pasados, los derechos de las mujeres son conquistas relativamente recientes. Apenas llevamos poco más de un siglo desde que los movimientos feministas comenzaron a organizarse con mayor fuerza política para exigir su participación en las decisiones de sus comunidades. Antes de ello, millones de mujeres vivieron sin poder decidir libremente sobre su educación, su patrimonio, su trabajo o su participación en la vida pública. Su existencia transcurría bajo normas establecidas por sociedades que las consideraban incapaces de ejercer los mismos derechos que los hombres.
El sufragio femenino constituyó una de las grandes conquistas de esta lucha. Nueva Zelanda reconoció el voto de las mujeres en elecciones parlamentarias en 1893; México lo hizo a nivel federal en 1953, mientras que Arabia Saudita permitió su participación en elecciones municipales apenas en 2015. Obtener el voto significó mucho más que depositar una boleta en una urna: representó el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, capaces de intervenir en la construcción del destino colectivo.
A partir de entonces, comenzaron a visibilizarse las condiciones en que vivían dentro de sus hogares, en el trabajo y en la sociedad. Fue un largo proceso para que aquello que durante siglos se consideró una aspiración femenina terminara reconociéndose como un derecho humano.
Hoy resulta cotidiano encontrar mujeres dirigiendo gobiernos, empresas, universidades, desarrollando investigaciones científicas o participando en disciplinas deportivas que alguna vez les estuvieron prohibidas. Pero no siempre fue así. Y lo más preocupante es que todavía no lo es en todas partes.
Afganistán constituye uno de los ejemplos más dolorosos. Durante las dos décadas anteriores al regreso de los talibanes al poder, en agosto de 2021, millones de niñas pudieron asistir a las escuelas, miles de mujeres ingresaron a las universidades y otras participaron en el Parlamento, los medios de comunicación y distintas profesiones. Aunque persistían profundas desigualdades, existían espacios de participación femenina conquistados con enormes dificultades.
Hoy, bajo el régimen talibán, las adolescentes tienen prohibido continuar su educación secundaria y las mujeres han sido excluidas de las universidades. También enfrentan severas restricciones para trabajar, desplazarse libremente y participar en la vida pública. Estas medidas responden a la interpretación religiosa y política extremadamente restrictiva que las autoridades talibanes imponen sobre el papel femenino en la sociedad.
En apenas unos años, derechos que parecían abrir el camino hacia una mayor igualdad fueron desmantelados. Las mujeres afganas no solamente perdieron espacios educativos y laborales; muchas fueron prácticamente expulsadas de la vida pública. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede desaparecer en tan poco tiempo aquello que costó generaciones conquistar?
Pero Afganistán no es una excepción aislada, sino una advertencia.
Según ONU Mujeres (2026), a escala mundial las mujeres disfrutan, en promedio, de apenas el 64 % de los derechos jurídicos reconocidos a los hombres. En el 54 % de los países, la definición legal de violación todavía no se basa en el consentimiento, mientras que el 44 % carece de leyes que garanticen la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Además, en numerosos países persisten disposiciones que permiten el matrimonio antes de los 18 años, comprometiendo especialmente los derechos de niñas y adolescentes.
Estas cifras deberían estremecernos. ¿Cómo hablar de sociedades modernas cuando millones de mujeres continúan siendo ciudadanas con derechos incompletos? ¿De qué sirven los extraordinarios avances científicos y tecnológicos si todavía no somos capaces de garantizar condiciones elementales de igualdad?
A ello se suma el incremento de los conflictos armados, donde las mujeres suelen enfrentar desplazamiento, violencia sexual, explotación y la responsabilidad de sostener a sus familias en condiciones extremas. Palestina, Sudán y otros territorios afectados por la guerra nos recuerdan que, cuando las sociedades se desmoronan, los derechos de las mujeres también quedan expuestos a nuevas formas de vulnerabilidad.
Sin embargo, no necesitamos mirar solamente hacia países gobernados por regímenes autoritarios para reconocer estas amenazas.
En Estados Unidos, la decisión de la Corte Suprema de revocar en 2022 la protección constitucional federal del derecho al aborto, establecida mediante el precedente Roe contra Wade, abrió la puerta a prohibiciones y restricciones estatales. La autonomía reproductiva volvió a convertirse en un campo de disputa política.
Paralelamente, ha ganado visibilidad en las redes sociales el fenómeno conocido como tradwives —esposas tradicionales—, que idealiza un modelo de feminidad centrado en el matrimonio, la maternidad y la dedicación exclusiva al hogar. Sus contenidos presentan imágenes de mujeres sonrientes, cocinas impecables, familias aparentemente perfectas y una vida doméstica alejada de las preocupaciones laborales.
Por supuesto, ninguna mujer debería ser cuestionada por elegir libremente dedicarse a su familia. El problema comienza cuando esa elección se transforma en un mandato y se responsabiliza a la autonomía femenina de la supuesta destrucción de los valores familiares.
En ciertos círculos ultraconservadores estadounidenses incluso han reaparecido planteamientos que cuestionan el sufragio individual y proponen un voto por familia, ejercido por el jefe del hogar. Aunque no constituyen una política oficial ni una postura compartida por todas las tradwives, estas ideas recuperan una concepción profundamente desigual: la mujer dejaría de ejercer su ciudadanía de manera independiente para quedar representada políticamente por su esposo u otra figura masculina.
¿No fue precisamente contra esa subordinación que lucharon las sufragistas?
Lo preocupante es que estos discursos no permanecen dentro de las fronteras estadounidenses. Las plataformas digitales los difunden internacionalmente, incluyendo México, donde comienzan a circular contenidos que idealizan la dependencia económica femenina, presentan al feminismo como enemigo de la familia y promueven el regreso a relaciones tradicionales de autoridad.
La amenaza no consiste en que algunas mujeres prefieran permanecer en sus hogares, sino en normalizar la idea de que su lugar natural está exclusivamente allí. Bajo una apariencia de nostalgia y romanticismo pueden reproducirse formas de subordinación que creíamos superadas.
América Latina tampoco escapa a estas contradicciones. Aunque hemos conquistado importantes espacios de representación política y reconocimiento jurídico, millones de mujeres continúan enfrentando desigualdad salarial, sobrecarga de cuidados, violencia sexual, discriminación y obstáculos para acceder a la justicia. Para las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y migrantes, estas condiciones suelen agravarse por el racismo, la pobreza y la exclusión histórica.
México representa una de las paradojas más dolorosas. Por primera vez en nuestra historia una mujer ocupa la Presidencia de la República y la participación femenina en los espacios de decisión política es cada vez mayor. Sin embargo, la violencia feminicida continúa recordándonos la enorme distancia que existe entre la igualdad reconocida por las leyes y la realidad cotidiana.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes a enero-septiembre de 2026, difundidas en reportes estadísticos nacionales, se registraron 520 víctimas de feminicidio, distribuidas en 494 carpetas de investigación. Aunque esta cifra representa una disminución aproximada del 4 % respecto al mismo periodo del año anterior, cada una de esas muertes expresa una tragedia humana y una deuda pendiente con la justicia. A ellas se suman los homicidios dolosos de mujeres que las estadísticas oficiales clasifican por separado.
Detrás de los números existen historias interrumpidas, familias destruidas, hijos huérfanos y comunidades que aprenden a vivir con miedo. ¿De qué sirve celebrar la igualdad en las instituciones si tantas mujeres todavía temen caminar solas, utilizar el transporte público o regresar a sus hogares?
Y, sin embargo, en medio de este panorama también encontramos señales esperanzadoras.
Las mujeres de origen latinoamericano continúan conquistando espacios políticos en Estados Unidos, incluso en un escenario marcado por discursos antimigrantes y cuestionamientos a las políticas de igualdad. Sus triunfos electorales y su creciente representación constituyen una paradoja significativa: mientras algunos sectores pretenden reducir la autonomía política femenina, otras mujeres, muchas de ellas descendientes de familias migrantes, abren caminos en instituciones donde históricamente fueron excluidas.
Su presencia demuestra que las mujeres latinas no solamente forman parte de la historia estadounidense: también participan en la construcción de su futuro. Allí donde algunos discursos pretenden levantar fronteras, ellas siguen abriendo puertas.
Quizá por eso conviene recordar El cuento de la criada, la novela de Margaret Atwood publicada en 1985, donde una sociedad autoritaria arrebata progresivamente a las mujeres su autonomía, sus derechos y hasta el control sobre sus propios cuerpos. Su fuerza no reside únicamente en imaginar un futuro aterrador, sino en advertir que ninguna conquista histórica está garantizada para siempre.
No debe olvidarse que los derechos no son regalos concedidos por quienes gobiernan, son resultado de generaciones de mujeres que enfrentaron prejuicios, persecuciones, encarcelamientos y violencias para abrir caminos que hoy otras podemos recorrer. La historia de las mujeres no ha sido solamente una historia de subordinación, sino también de pensamiento, rebeldía y transformación.
Por eso, en está edición No. 74 de Lectámbulos invitamos a la reflexión: Mujeres 2026: Derechos ¿En retroceso? Porque, mientras existan mujeres dispuestas a levantar la voz, organizarse, educar en igualdad y defender la dignidad humana, ningún intento de retroceso tendrá asegurada la última palabra, ya que lo conquistado puede perderse, pero también puede defenderse, recuperarse y ampliarse. Y esa es, precisamente, la responsabilidad que tenemos con las mujeres que nos precedieron y con aquellas que todavía están por venir.
